Por Carolina Velasco Ortúzar y Raúl Aguilar Barrientos, investigadores del Instituto de Políticas Públicas en Salud, Universidad San Sebastián (IPSUSS)
Hacer un buen uso de los recursos públicos -financiados por todos los chilenos- es deber del Estado. Pero ello se hace imperioso en tiempos de “vacas flacas”, con bajo crecimiento, alta inflación e incertidumbre. El sector salud no escapa a esta máxima. Más aún, si se considera que en junio de 2022 había casi 2 millones y medio de atenciones en espera, incluyendo más de 67.000 garantías de oportunidad Auge incumplidas. No debemos olvidar que detrás de cada atención retrasada, existe una persona y una familia que se ven afectados.
Por ello, los datos analizados por el IPSUSS sobre pabellones disponibles en los hospitales del Estado son, al menos, preocupantes. Estos muestran que alrededor de 20%, es decir, uno de cada cinco, no está disponible para operar, ya sea por falta de equipamiento, de personal o de ambos. La distancia crece si se consideran las horas en que efectivamente se utilizan dichos recintos, como lo ratifica el estudio sobre eficiencia de los pabellones de la Comisión Nacional de Productividad de 2019. Más aún, en su trabajo se calcula que aumentar en casi 30% la producción de cirugías en los actuales pabellones de la red pública significaría un costo adicional de solo 7%. Dicho de otra forma, si aumenta un 30% la producción quirúrgica total el impacto será de aproximadamente 180 días menos en la lista de espera.
¿Por dónde partir? En general, por casa. En el caso de los hospitales, ello nos lleva al Ministerio de Salud (Minsal), pues es dicha entidad, a través de los Servicios de Salud, quien los administra. Pero, el desafío de mejorar la gestión no es fácil, ya que los incentivos de los involucrados (Minsal, directores de servicio, de hospitales, funcionarios, beneficiarios y pacientes) no siempre están alineados.
¿Cuáles son las barreras que la literatura ha identificado?: (i) que no cuentan con un claro responsable (¿director del hospital o del servicio, Ministerio de Salud -o incluso de Hacienda-?), (ii) que sus normativas son inflexibles y no consideran las diversas realidades además, inadecuadas para su nivel de complejidad (Estatutos y leyes que se aplican a todos por igual), (iii) que se rigen por un marco que no incentiva la eficiencia (presupuestos que no se respetan, falta de atribuciones para una adecuada gestión) y (iv) que su institucionalidad y gobernanza no son apropiados para cumplir su fin (dependen de una entidad política, lo que impide una mirada de largo plazo y foco en las personas), entre otros.
¿Soluciones? Primero, independizar a los prestadores estatales de salud del Minsal, para que su dirección y gestión no responda a objetivos políticos de corto plazo. Segundo, fortalecer su gobernanza, ya sea mediante consejos directivos u otros modelos que permitan fortalecer y blindar la selección y evaluación de directores y del personal, asegurando altas capacidades y desempeño. Tercero, dotar a los hospitales de mayores atribuciones para que puedan gestionar adecuadamente sus recursos humanos, económicos y físicos. Y, cuarto, establecer un marco de incentivos que fomente el buen uso de los recursos, la calidad y la oportunidad de la atención (modificando métodos de pago, exigencias, convenios y consecuencias asociadas a resultados).
Solo una vez que estos cambios den frutos, cuando sus beneficios sean tangibles para la población, se deben evaluar cambios más radicales, que de otra forma parecen inviables.
