Comparando incertidumbres
¿Por qué entonces algunos insisten en la opción Rechazo, si es más riesgosa? Es que en ese caso, las reformas que se introduzcan en cuatro años más tendrán como opción de defecto, artículo por artículo, la Constitución actual. Esto significa darle poder de veto a quienes creen que la Constitución actual no requiere cambios.
Una preocupación de miembros de la élite económica es que el proceso constituyente conlleva incertidumbre y ello puede impactar la inversión y el crecimiento. Es verdad, pero hagamos el análisis completo.
Un destacado analista político, hoy de derecha, me sugirió hace unos años no hablar de crisis política. Advertía que en política hay comportamientos estratégicos, que las crisis políticas se identifican cuando los eventos han decantado y se pueda mirar la realidad con perspectiva. Es una advertencia sensata, sin embargo, a veces una crisis es evidente. Difícilmente se puede negar que Chile vive una crisis política profunda.
Es importante reconocerlo porque la compañera fiel de cualquier crisis es la incertidumbre. Dos consecuencias. Uno, la incertidumbre desaparecerá cuando se supere la crisis. Dos, si a Ud. le preocupa la incertidumbre, piense qué es más eficiente para resolver la crisis, votar Apruebo o Rechazo.
Analicemos esto desde el punto de vista del tiempo de la incertidumbre y la credibilidad.
En el Apruebo, los plazos de la incertidumbre son conocidos: abril de 2021 se eligen los constituyentes, hacia mayo de 2022 se presentará el proyecto de nueva constitución que será plebiscitado digamos en septiembre de 2022. Fin del proceso.
Veamos el Rechazo. Quienes lo promueven quieren que el próximo Congreso sea constituyente. El nuevo Congreso entrará en funciones en marzo de 2022, junto con el nuevo gobierno. Seamos optimistas y pensemos que rápidamente toman la decisión de ser constituyente y empezar el proceso. Votar Rechazo implica, siendo optimistas, iniciar el proceso en mayo de 2022, cuando estaría terminando aquel si votamos Apruebo. Votar Rechazo implica, como mínimo, un año más de incertidumbre.
Pero ese Congreso deberá además legislar y el nuevo gobierno tendrá prioridades legislativas. Habrá competencia de agendas. Nada garantiza que, con la fuerte autoridad presidencial, ello no signifique postergar la discusión constitucional. En ese contexto, el Congreso “constituyente” deberá hacer las reformas constitucionales profundas que sus proponentes reclaman, por ejemplo, reformar el régimen político. Al presidente Lagos le tomó tres años negociar su reforma. Sigamos optimistas y supongamos que el próximo Congreso lo hará más rápido, en dos años. Esto quiere decir que el proyecto estaría listo en mayo de 2024 y, si hay plebiscito, en septiembre de 2024. Votar rechazo implica prolongar la incertidumbre hasta finales de 2024, con cara de 2025, ya cerca de la campaña presidencial. El Rechazo arriesga postergar dos o tres años al menos el cierre de la crisis política actual y con ello la incertidumbre.
Respecto de la credibilidad. Tanto la Convención como el futuro Congreso “constituyente” serán electos con una diferencia de seis meses y el mismo sistema electoral. ¿Por qué diferirían los resultados de uno u otro? No mucho, salvo dos razones. Primera, que la Convención se vota con criterio paritario. ¿Mejora la credibilidad que haya más mujeres? Apuesto que sí. La segunda es que habrá escaños reservados para pueblos originarios. ¿Alguien cree viable un proceso constituyente (moderno) sin su representación? Estos elementos positivos, que son ciertos en el caso de la Convención, son potencialidades en el Congreso “constituyente”. Corolario: hay más riesgos en el último caso.
¿Por qué entonces algunos insisten en la opción Rechazo, si es más riesgosa? Es que en ese caso, las reformas que se introduzcan en cuatro años más tendrán como opción de defecto, artículo por artículo, la Constitución actual. Esto significa darle poder de veto a quienes creen que la Constitución actual no requiere cambios.
Votar Rechazo no solo posterga la incertidumbre varios años. Hace probable que no haya reforma significativa, a pesar de que quienes lo promueven lo hacen en nombre de reformas futuras, pero que no pueden garantizar que ocurran. ¿Cree Ud. que este camino es más seguro para gestionar la crisis política que vivimos?
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