Completemos esta reforma

El anuncio presidencial del 15 enero es un gran avance en dos sentidos. Primero, permite avizorar un acuerdo con la oposición, porque las posturas están cercanas en cuanto a suplementar las pensiones de inmediato. Esta es la principal demanda que han expresado, en las encuestas, los enrabiados que apoyan las barricadas, como condición para volver a la paz. Segundo, ambas partes han aceptado destinar cerca de la mitad del nuevo aporte del empleador a elevar las pensiones de hoy (fracción de reparto) y la otra mitad a mejorar las pensiones futuras para los actuales jóvenes (parte capitalización, sea individual o colectiva).

Sin embargo, los enrabiados no parecen cumplir su parte. Se constata que el aumento en la pensión básica de 50%, pagadero ahora a los mayores de 80 años, no devolvió la paz, como se entendió el 15 de noviembre. En vez se produjo el bloqueo violento de casi 100 locales de la PSU. Es inevitable preguntarse: ¿por qué un nuevo suplemento de pensión reduciría el apoyo de los enrabiados a la violencia? Si los enrabiados no regresan a la paz, la decadencia económica reducirá las remuneraciones de la gran mayoría pacífica, en mucho más que los suplementos de pensión.

Por otro lado, las propuestas de oposición y de gobierno omiten medidas suficientes para proteger los empleos de calidad. Es un grave error cargar con seis puntos porcentuales de cotización a los empleos con seguridad social, excediendo en mucho los cuatro puntos definidos en la elección presidencial de 2017. Estimo que el daño de largo plazo (de un impuesto puro por 4,8%) es perder 140 mil empleos de calidad, solo si esa tasa de 6% nunca más subiera. Se ha sugerido a la ciudadanía que la gradualidad en el aumento de tasa mitigaría este daño. Eso es incorrecto, pues la función de la gradualidad es mitigar una capa distinta de perjuicios, que actúa en el corto plazo, originada en despidos y cierres.

Ese daño al empleo formal es multiplicado por la ausencia de herramientas suficientes para gestionar el envejecimiento. Este proceso aumentará el número de personas mayores en 50% en los próximos 10 años y en 130% en los próximos 30 años. Para financiar los suplementos de pensión de todos ellos y mantener el beneficio como proporción de la remuneración contemporánea, habrá que multiplicar la mitad destinada a reparto por 2,3, llegando el total a 9,9% en 2050 (un impuesto puro por 8,7%). Ese tributo sobre el empleo formal eliminará 260 mil empleos de calidad. Sin sumar el daño del proyecto de 40 horas, esto envía a amplios sectores de la clase media de regreso al empleo precario, donde el ingreso es la mitad.

Para gestionar el envejecimiento se requiere: (1) un programa de aumento de la fiscalización pública preventiva del pago de cotizaciones por la PYME, con los medios tecnológicos usados en países OCDE, en especial integrarla a la fiscalización tributaria; (2) un plan de cierre gradual de otras exenciones legales a la obligación de cotizar, aparte de las boletas; (3) autorizar al Consejo de Administración de Seguros Sociales (CASS) a aumentar gradualmente la edad de inicio del nuevo beneficio, en respuesta al aumento general de longevidad; (4) autorizar al CASS para gestionar el reajuste del beneficio, tomando en cuenta la variación del IPC y la variación del índice de remuneraciones promedio de empleos formales.

Estas omisiones abren el riesgo de que Chile sea un país peor que antes de la crisis, con muchos menos empleos con seguridad social y menores remuneraciones.