SEÑOR DIRECTOR:
La crisis climática es una realidad y ya vemos sus consecuencias; Ecuador lleva un mes de extensos apagones diarios (hasta 14 horas) producto de la grave sequía y bajos estiajes que les afectan. El 90% de la electricidad del país depende de hidroeléctricas. Cada hora sin corriente le cuesta al país 12 millones de dólares, impactando directamente en la economía y en la vida cotidiana de las personas. Si bien lo único que evitará que los cortes de luz se prolonguen es que llueva, los esfuerzos por parte del gobierno están hoy en adaptación, amortiguando sobre la marcha los impactos.
Desde el año 2022, Chile cuenta con una Ley Marco de Cambio Climático, que establece gobernanzas multinivel y la obligación de elaborar planes de mitigación y adaptación al cambio climático por los niveles de gobierno central, regional y comunal. Sobre esto último, a junio del 2025, todas las municipalidades deben contar con su Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, sin embargo, el 10 de octubre de 2024, el Diario Financiero publicaba que solo cinco de los 345 municipios del país llegarían a las elecciones del fin de semana pasado con sus planes aprobados. Urge que estos instrumentos sean prioritarios y transversales en las agendas políticas, que se planifiquen con sentido de realidad, prospectiva, urgencia y presupuestos serios.
No hay desarrollo, economía ni vida posible sin biodiversidad y ecosistemas; son estos los que nos proporcionan agua, alimentos, regulación del clima, entre tantos otros servicios ecosistémicos. La acción climática local es esencial para preparar a las comunidades para los impactos del cambio climático.
Claudia Soto Acuña
Geógrafa, Mg. en Planificación Territorial Rural
