Por Verónica Undurraga, profesora de Derecho, U. Adolfo Ibáñez
Al conocerse la composición del futuro Congreso, ideológicamente tan distinta a la de la Convención Constitucional, surgieron muchas preguntas. ¿Cómo condicionará el trabajo de la Convención? ¿Puede la Convención acortar los mandatos parlamentarios o simplemente eliminar esos cargos? En tiempos de tanto nerviosismo y noticias falsas, es necesario recordar algunas cosas básicas para saber qué terreno pisamos.
El proceso constituyente chileno no es un proceso revolucionario. La teoría constitucional occidental acostumbra a tratar los procesos constituyentes como momentos en que el pueblo soberano ejerce su derecho inalienable a crear o reemplazar completamente su forma de gobierno, siendo los únicos límites a la legitimidad de su actuar aquellos que el pueblo decida autoimponerse. En la realidad, sin embargo, muchos procesos constituyentes se originan en acuerdos políticos que los encauzan institucionalmente.
En Chile, el camino institucional se tomó en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y se concretó con la reforma a la Constitución del 80 que incorporó un procedimiento para su reemplazo. De acuerdo a esta reforma, la nueva Constitución solo podrá poner término anticipado al periodo de las autoridades electas en votación popular si aquellas instituciones que integran son suprimidas u objeto de una modificación sustancial. Por lo tanto, la Convención tiene atribuciones para, por ejemplo, crear un Congreso unicameral o cambiar el régimen de gobierno a uno parlamentario, dos decisiones que obligarían a tener normas transitorias que podrían alterar los mandatos de congresistas recién elegidos, todo esto dentro de lo previsto por las reglas. Por otra parte, el resultado de la elección parlamentaria probablemente tendrá un efecto en la Convención. Hasta ahora, el ala más de izquierda de la Convención a veces ha intentado correr los límites institucionales.
La centroizquierda y el Frente Amplio han logrado contener el proceso dentro del camino normado y, al mismo tiempo, preservar las condiciones de diálogo dentro de la izquierda y transversalmente, algo que es esencial para el éxito del proceso. Una nueva Constitución necesita un gobierno y un Congreso que apoyen su implementación. La división del nuevo Congreso es una señal de preocupación en ese aspecto. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él.
Mientras, como ciudadanía nos toca apoyar para que las y los constituyentes consoliden los vínculos de confianza que han ido creando, actúen con mirada de largo plazo y para que la Convención se convierta en el lugar de encuentro de la inmensa mayoría que expresó en mayo pasado su voluntad de transformaciones profundas y que hoy quiere, además de eso, tranquilidad en sus vidas.
