Concesiones mineras y su real impacto en el Norte
"El nuevo gobierno declaró la necesidad de entregar certeza y estabilidad para promover inversiones, particularmente en el sector minero. Mensaje estimulante y que marca una diferencia frente a las deliberaciones de la Convención Constitucional, pero no es suficiente".
Chile ha sido siempre un país profundamente minero y en las regiones del Norte lo vivimos con más intensidad. Los recursos minerales son parte de nuestra identidad desde la época precolombina, por ejemplo, los atacameños fueron los primeros en explotar los minerales donde hoy se emplaza Chuquicamata.
Actualmente el 82% del cobre chileno se produce en nuestras regiones. Y de los US$68.925 millones en inversiones mineras que ha proyectado Cochilco hasta 2030, un 29% se realizará en Antofagasta, un 26% en Atacama, un 15% en Tarapacá y un 10% en Coquimbo. Es decir, el 80%.
Reconociendo nuestras particularidades, pero con un propósito común, las cuatro asociaciones que agrupan al tejido productivo del Norte comenzamos un trabajo colaborativo que busca promover el desarrollo regional e incentivar un sistema productivo más sustentable y cuidadoso con el medio ambiente. Agrupamos a más de 600 asociados de empresas grandes, medianas y pequeñas de servicios, energías limpias, transportes, puertos, turismo, alimentación y una diversa lista que tiene un poderoso articulador común: la minería.
Hemos sobrevivido a años desafiantes. Además de los efectos de la pandemia y otros problemas sociales -como la inmigración descontrolada-, nuestras actividades encadenadas con la minería se han visto estresadas por el contexto político: lo que partió como una nueva Constitución descentralizadora que facilitaría una distribución más equitativa de las oportunidades, podría terminar no solo estancando el crecimiento del país, sino aumentando el nivel de desigualdad y pobreza.
El nuevo gobierno declaró la necesidad de entregar certeza y estabilidad para promover inversiones, particularmente en el sector minero. Mensaje estimulante y que marca una diferencia frente a las deliberaciones de la Convención Constitucional, pero no es suficiente.
En la Macrozona Norte permanece fresca la herida que significó el rechazo por parte de la Comisión de Medio Ambiente a la iniciativa sobre Minería Sustentable -que impulsamos como parte de la red Compromiso Minero- mientras, en paralelo, se aprobaba la controvertida moción que busca nacionalizar la minería y acabar con el exitoso modelo público-privado que ha permitido el crecimiento de nuestras regiones en las últimas décadas.
Ahora, en la misma comisión se barajan otras opciones, tanto o más alarmantes que la primera. Recientemente, fue aprobada en general por sus integrantes, una norma que busca cambiar el régimen de concesiones mineras, instalando uno en que se otorguen concesiones administrativas por un órgano estatal. Se señala que la propiedad sobre las actuales concesiones se extinguiría, sin hacer mención a posibles compensaciones.
Fue planteada como una propuesta para modernizar el sistema chileno y acercarlo al de países como Canadá y Australia. Hasta ahí parece perfecto, pero al ir al fondo vemos que no son más que “cantos de sirena”. De aprobarse esta propuesta por el Pleno, podríamos estar ante lo que se denomina una expropiación regulatoria o indirecta, es decir, una norma que de manera explícita no declara una expropiación, pero que en la práctica sí la provoca.
La mayor parte de las mineras presentes localmente tienen origen en países que han acordado con el nuestro tratados que protegen la inversión, lo que se estaría vulnerando con esta iniciativa. Estos tratados establecen que no se puede privar de su inversión a un inversionista, salvo en ciertas condiciones muy específicas, por ejemplo, casos en que las medidas expropiatorias no sean discriminatorias y que vayan acompañadas del pago de la debida compensación.
Con una mirada regional, no centralista, conocemos esta industria y sabemos de las certidumbres que necesitan las inversiones mineras de largo plazo, y estamos preocupados que a raíz de los cambios que se buscan aplicar con la redacción de esta nueva carta magna, se genere un escenario de economía ralentizada y con inversiones mineras en compás de espera, con todo lo que eso significa para su cadena. Por lo mismo, hacemos un llamado a la prudencia, a considerar la información técnica e incorporar las mejores prácticas de otros países mineros, pero protegiendo a nuestras regiones.
Leopoldo Bailac, presidente de la Asociación de Industriales de Iquique, AII
Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA
Daniel Llorente, presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, Corproa
Francisco Puga, presidente de la Corporación Industrial Para el Desarrollo Industrial de Coquimbo, Cidere
Asociaciones MacroZona Norte
