Por Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas en Infraestructura
Cada día aparece como más necesario que el MOP clarifique lo que será la nueva política tarifaria para las carreteras y autopistas concesionadas. Este es tal vez el tema más sensible para recuperar una buena relación entre la industria y los usuarios.
Legítimamente se demanda claridad respecto a lo que se está pagando, cuáles son las razones por lo que en una carretera y autopista se paga menos o más que en otra, cómo se compensa la disminución en los niveles de servicio, que en algunas ocasiones afecta a determinadas carreteras y cuál es la diferencia que se produce dependiendo el sistema de cobro, entre otras.
La inauguración de la Autopista AVO I ha permitido poner en marcha una modalidad de cobro por km. efectivamente recorrido y el ministro ha anunciado que luego se contará con peajes “free flow” y “stop and go” a lo largo de toda la Ruta 5.
Esto, que es una muy buena noticia y que debiera aplacar las demandas de “levantar las barreras” cuando hay congestión, plantea una pregunta acerca de cuántos pórticos se pondrán en cada tramo concesionado y cuánto se cobrará en cada uno de ellos.
A su vez, la demanda de muchos usuarios por una rebaja tarifaria, en muchos casos oportunistas, se puede extender y se podría instalar la idea de que las tarifas que el MOP autoriza son excesivas y permiten rentas extremas a las concesionarias.
En el último Diálogo CPI, “Una nueva mirada para la Asociación Público Privada”, llevado a cabo el pasado 19 de mayo, el MOP sostuvo que, entre las modificaciones que es necesario introducir al sistema de concesiones para un adecuado reposicionamiento de la industria, es la formulación de una Política Tarifaria que privilegie la justicia en el cobro, la equidad territorial y la transparencia de los criterios con que esta se formula.
Hoy la tecnología permite cobros mucho más ajustados a lo que cada vehículo usa efectivamente eliminando un factor de conflicto como consecuencia de una percepción instalada de que se cobra más de lo que corresponde.
Creemos que este esfuerzo por dotar al sistema de una nueva política tarifaria debiera ir acompañado de una campaña informativa muy profunda acerca de las particularidades del sistema de concesiones.
Los reclamos que muchas veces se manifiestan en contra las concesionarias obedecen, en buena medida, a una falta de conocimiento y comprensión acerca de esta industria.
Con esto no queremos eximir de responsabilidad a las concesionarias que no prestan debidamente los servicios que les han sido contratados por el Estado o adoptan una posición prescindente de lo que sucede en su entrono.
No obstante, es importante destacar que el rol que ha cumplido este sector, y podrá seguir cumpliendo, depende en gran medida de las exigencias contractuales que le ha puesto y le seguirá poniendo el Estado en el futuro, como sucede con las tarifas.
Solo así creemos que es posible aclarar todas las interrogantes que sólo ponen en duda las bondades de una modalidad de asociación pública privada que ha sido muy exitosa y que puede desplegar su potencial muy en la línea de una nueva concepción de la infraestructura para el futuro del país.
Una nueva política tarifaria y una campaña informativa que explique y eduque a los diferentes interlocutores es fundamental para la sustentabilidad del sistema en el largo plazo.
Al respecto, la industria de las concesiones debiera ponerse a disposición de las autoridades para reforzar esa línea de acción.
Se requiere que el mandante asuma el rol de liderazgo que le corresponde y que los socios privados colaboren como corresponde.
