A comienzos de marzo, la preocupación predominante en el país eran las prevenciones de nuevas convulsiones que circulaban por las redes sociales, y que hacían temer un cuadro de violencia y destrucción semejante o peor que el del año pasado. Eso generaba explicable temor, además de muchas dudas respecto de la viabilidad del plebiscito constitucional. En solo un par de semanas, todo cambió. La pandemia impuso otras prioridades: lo primero era, por supuesto, la defensa de la salud; si se quiere más dramáticamente, la vida.
La emergencia sanitaria obligó al gobierno a decretar el estado de catástrofe, lo que implicó que las FF.AA. y las instituciones policiales asumieran responsabilidades en la ejecución de las medidas destinadas a proteger a la población. No fue necesario explicar la necesidad de establecer el toque de queda y demás restricciones que buscaban reducir los contagios y la pérdida de vidas.
Cuando la OMS comunicó al mundo que el Covid-19 se había convertido en una pandemia, costaba imaginar que en tan poco tiempo iban a ser tan devastadores sus efectos y en tantos países. Ya no hay duda de que estamos ante una inmensa catástrofe, que ya empujó a la economía mundial a una recesión cuyas consecuencias, como sostienen algunos expertos, podrían ser peores que la crisis de 2008/09 y hasta acercarse a los perjuicios causados por la Gran Depresión de 1929. La pandemia está en pleno proceso de expansión en EE.UU., y eso, naturalmente, tendrá irradiación en la economía global.
La mayoría de los especialistas considera que la respuesta dada por Chile ha sido adecuada. El decreto de alerta sanitaria, que se publicó el 8 de febrero en el Diario Oficial, permitió que el Minsal dispusiera de facultades especiales para enfrentar el surgimiento de un brote del coronavirus. Es justo valorar que el ministro de Salud y el equipo directivo del ministerio hayan actuado con suficiente diligencia para preparar la respuesta a lo que venía. Por supuesto que habrá que juzgar el balance final, pero hay evidencias de que Chile reaccionó mejor que otras naciones de la región, en lo cual gravitó la experiencia acumulada por el Minsal para enfrentar este tipo de emergencias. Fue un acierto la constitución de una mesa social y un comité de expertos para asesorar al ministro y su equipo en la toma de decisiones; en esto hay que valorar el impulso de los alcaldes.
Se espera que el punto más alto del impacto del Covid-19 en nuestro país se produzca a fines de abril o comienzos de mayo, es decir, antes del invierno, que trae un inevitable aumento de las enfermedades respiratorias.
El liderazgo político en estas circunstancias es un asunto crucial. Hasta ahora, hemos visto al Presidente Piñera actuando con entendimiento de lo que está en juego. La crisis ha hecho emerger buenas características de su personalidad que habíamos conocido en su primer gobierno, cuando le correspondió enfrentar la devastación del terremoto y maremoto de febrero de 2010, y luego el caso de los 33 mineros. Hay que reconocer que, luego de un período muy duro y con muchos errores no forzados de su parte, Piñera ha actuado con claridad y energía, lo que le ha transmitido confianza a la población. Mezquino sería no reconocer la actuación del Congreso, más allá de los legítimos debates, a la hora de despachar con sentido nacional y de urgencia iniciativas paliativas de las consecuencias económicas que ya vivimos.
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