Por Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance
La confianza es un valor básico en las relaciones humanas. Ganarla, cuesta tiempo y hechos; perderla, basta un segundo. Y esto es lo que está pasando hoy en Chile.
Por muchos años fuimos un país que creía en sus instituciones, que se empinaba poco a poco hacia el desarrollo y que miraba de lejos la corrupción que asechaba a los países vecinos.
Sin embargo, en 2011 estalló el caso La Polar, uno de los mayores escándalos financieros del país hasta esa fecha, y que sorprendió a la ciudadanía. Pero la burbuja se terminó de romper en 2015 cuando comienzan a destaparse una serie de grandes fraudes como los del Ejército, Carabineros y el financiamiento ilegal de campañas políticas a través de boletas ideológicamente falsas, por nombrar algunos hechos.
La confianza se fue derrumbando, al igual que la idea de que a los jaguares de Latinoamérica no nos afectaba la corrupción. La sensación de injusticia, impunidad y desigualdad fue aumentando, al mismo tiempo que se perdía el respeto por las instituciones y autoridades.
El gran peligro de esto, es que nos lleva al círculo vicioso de la desconfianza, en el que vemos día a día abusos de poder, irregularidades y corrupción. Lamentablemente, esto hace que la ciudadanía generalice y meta a todas las instituciones y empresas en el mismo saco, con poca capacidad de distinguir a quienes sí se preocupan de hacer las cosas bien.
Y esto pasa porque en Chile –más allá de la justicia que dictan los tribunales- frecuentemente no existen castigos ejemplificadores, en el que se aísle o bloquee al corrupto. Por el contrario, estos siguen dando entrevistas en los medios de comunicación e incluso presentándose a elecciones de cargos públicos. Muchos siguen en su círculo de amigos como si nada hubiera pasado, protegidos y sin cuestionamientos.
La pandemia tampoco ha facilitado el camino en la recuperación de la confianza, ya que ha habido poco margen de acción y control. De hecho, el Observatorio Fiscal señaló en su informe de julio, el poco avance en la transparencia del gasto para enfrentar la emergencia, así como la falta de datos respecto a los recursos y las fuentes de financiamiento. En ese sentido, una buena noticia fue el anuncio del Ministerio de Hacienda (tras un duro informe de la FNE) de modernizar y perfeccionar el sistema de compras públicas, en pos de la transparencia y evitar la microcorrupción.
La baja confianza en medio de la crisis sanitaria, también quedó de manifiesto en el estudio Icreo 2020 de la consultora Almabrands, dado a conocer en octubre, y que mide la confianza de los chilenos en las empresas y organizaciones, que devela la pérdida de legitimidad en políticos e instituciones de gobierno, dando un mayor capital de confianza a las empresas, además de exigirles un rol más desafiante.
Nuestra sociedad está pidiendo un cambio, está exigiendo probidad y transparencia, y ha manifestado que no está disponible para los abusos y las falsas promesas. Entonces es momento de que las empresas tomen el desafío de recuperar esa confianza, ayudando a que los ciudadanos vuelvan a creer y que, a la vez, nos permita crecer de manera inclusiva y avanzar hacia una verdadera democracia, cuya base sea la fe pública. La gente espera señales reales y no seguir enterándose de escándalos que quedan impunes. Esto solo aumenta la idea de que la justicia depende de a quien se le aplique.
Es momento de pasar a la acción, de condenar sin matices la corrupción y de dejar de escudarnos en frases como “la ley no me lo exige” o de autojustificarnos repitiendo que “todos lo hacen”. Hoy, las empresas, instituciones públicas y quienes ostentan cargos de poder, deben demostrar que están comprometidos con un verdadero cambio, dando a conocer su propósito con la sociedad y el entorno. Será la única manera de nivelar la cancha y dar un salto cuantitativo en la recuperación de la confianza.
