Por Gloria de la Fuente, presidenta Fundación Chile 21
Un lugar común en el debate democrático de los últimos años, especialmente en nuestro país, es la crisis de confianza, desde la más evidente, que es la caída en la confianza en las instituciones, a la desconfianza interpersonal que en Chile, también por distintas razones, tiene niveles bajos. Por cierto, en un escenario marcado en el mundo por una pandemia y sumado en Chile, a las consecuencias de un estallido social, la incertidumbre ha cedido lugar a esa confianza que ya estaba mermada y estamos hoy frente a la tremenda encrucijada de tener que construir un futuro donde es difícil saber cómo se escribirán sus páginas. He ahí un dilema relevante para el desarrollo de un pacto social que requerirá de un esfuerzo relevante de todos.
Digo pacto social y no cambio constitucional, porque creo que el plebiscito de octubre, que probablemente abrirá el espacio para el cambio a la Carta Fundamental, es solo el primer paso de un camino más largo que será imperioso recorrer, porque es el único camino institucional para restaurar la confianza en un sistema político que es mirado con sospecha desde la ciudadanía. Lo que vendrá después es darle sostenibilidad al pacto que de este espacio emane.
Este primer hito del plebiscito de octubre requiere construir sobre la base de las certezas en un mundo de suyo incierto. En esta perspectiva, el primer paso será, como ha ido sucediendo en estos días, que se aúnen las voluntades para que las condiciones en que este se realice sean las óptimas no solo en términos sanitarios, sino que en la integridad del proceso y de sus resultados. Para ello, es importante tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la máxima participación. Nos farrearemos la posibilidad de encauzar institucionalmente nuestros conflictos sociales, económicos y políticos, agudizados por la pandemia, si esto no es así. Cabe recordar que durante la pandemia hay, al menos, seis países en el mundo que han llevado adelante procesos electorales donde se han garantizado las condiciones para crear confianza y seguridad en la ciudadanía para concurrir a las urnas. Es importante entender que la democracia, más aún en momentos como este, no se puede detener a no ser que realmente se generen situaciones que pongan en real riesgo a la población y para eso, la autoridad tiene las herramientas a la mano para evitar el peor escenario.
También es cierto que en la lógica de la confianza es imperioso que las condiciones en las cuales se realice la campaña garantice el voto informado y la transparencia del proceso. Ya hemos visto en otras latitudes como el mal uso intensivo de bigdata y redes sociales, mediante las fakenews o noticias falsas, ha terminado jugando una mala pasada a la propia democracia, imponiendo resultados que a veces son un contrasentido y generan tensiones aún mayores en los propios sistemas políticos, como lo vimos en el plebiscito por el acuerdo de paz en Colombia o en el Brexit en Reino Unido. Frente a eso y a los déficit de nuestra legislación en la materia, es más imperioso que nunca el rol que no solo las autoridades, sino que la sociedad civil organizada puede cumplir para hacer exigible la rendición de cuentas y denunciar las malas prácticas en la materia.
A pocos días de iniciar el proceso formal de campaña y aún en el equilibrio precario que nos ha dejado la situación sanitaria, política y social en Chile, es momento de ordenar, especialmente a los tomadores de decisiones, en torno a un solo objetivo: garantizar que el proceso que se inicia pueda dar garantías a todos y que la recuperación paulatina de la confianza vuelva a campear, ahí donde todo hoy parece ser incertidumbre.
