Consecuencias muy costosas

Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer

Estamos en un momento crucial, a 16 días de la elección presidencial más importante de las últimas décadas y en medio de la redacción de una nueva Constitución que, en tiempo acotado, debería dotarnos de un renovado marco común de convivencia democrática.

Hay muchos temas que cruzan este momento. Y, sin dudas, entre los más relevantes están los vinculados con la igualdad de género. En tal sentido, y frente a las brechas agudizadas en la pandemia, cabe preguntarse: ¿El Estado tiene que priorizar una agenda de cuidados?

Sabemos que el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados (TDCNR) es uno de los deberes del Estado que se quiere instalar en la nueva Constitución, así como la consagración del principio de corresponsabilidad parental y social, tal como hemos propuesto. Coincide, además, con que una de las maneras más comunes de reconocer estas labores es a través del sistema de pensiones, en álgido debate estos días.

Sin duda, el próximo gobierno tendrá que liderar una reforma previsional, con perspectiva de género, y hacerla sostenible. Es una prioridad para las personas que lleva más de 10 años en discusión sin llegar a puerto, con las serias consecuencias que vemos hoy.

La manera injusta en la que socialmente organizamos los cuidados, depositándolos casi exclusivamente en las mujeres, debe encontrar nuevas soluciones, que pasan por las llamadas “Tres R”: Reconocimiento, Reducción y Redistribución. Porque la realidad hoy tiene consecuencias muy costosas para ellas: un notorio déficit de tiempo para el autocuidado y el ocio, para educarse, aumentar su capital humano, desarrollar una actividad remunerada que les dé autonomía y la precariedad en la vejez.

Así se hizo palpable cuando tuvimos que convivir encerrados por la pandemia. La carga de TDCNR creció en los hogares y el Banco Central replicó el ejercicio que presentamos en marzo de 2020, para ver cuánto había aumentado la contribución de este trabajo a la economía: de un 22% del PIB ampliado en 2015 al 26% en 2020.

Un modelo que sistemáticamente abusa de las mujeres, al no proveer infraestructura y servicios de cuidado, ni retribuir monetariamente este trabajo a través de transferencias directas, créditos jubilatorios, pensiones de sobrevivencia, prestaciones básicas o una renta universal, como lo han hecho otros países, no puede alcanzar un desarrollo sostenible. Los nuevos tiempos exigen la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados como cuarto pilar de la protección social, sumado a las pensiones, educación y salud.

La conducción de este proceso debe ser liderada por un Estado activo, que proponga una agenda de cuidados integral y contundente, que provea los recursos, organice la institucionalidad necesaria para implementarla y promueva que el mundo privado también se haga corresponsable. El nuevo ciclo sociopolítico tiene un tremendo desafío por delante.