Consolidación del fraude electoral en Venezuela

La resolución de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, según la cual “certifica de forma inobjetable el material electoral peritado”, convalidando así los resultados de la elección presidencial del pasado 28 de julio en que Nicolás Maduro fue reelecto para un tercer período, solo es el broche final de un fraude a gran escala orquestado por el régimen, burlando de manera grotesca la voluntad popular, que abrumadoramente respaldó al candidato opositor Edmundo González.

A pesar de que restan pocos días para enterar un mes desde que tuvieron lugar los comicios, ni el Consejo Nacional Electoral ni el TSJ -todos órganos completamente serviles al régimen- han sido capaces de exhibir una sola acta en que se acredite el supuesto “triunfo” de Maduro, no así la oposición, que esta vez fue capaz de montar una efectiva vigilancia en todos los lugares de votación, obteniendo registros de más del 80% de las actas, que prueban inequívocamente el arrollador triunfo de González.

Con la resolución del TSJ -organismo que al día siguiente de las elecciones felicitó a Maduro por su triunfo, y que calificó a este proceso electoral como un “ejemplo en el mundo”- el régimen pretende dar por concluida la controversia por los resultados, pero la mayor parte de la comunidad internacional no reconoce la validez de estos comicios. Un comunicado emitido el viernes por 11 países del continente -entre ellos Chile, Estados Unidos, Argentina y Perú- dejó en claro que rechazan categóricamente el anuncio del TSJ, exigiendo una auditoría imparcial de las actas. Una postura similar ha expresado la Unión Europea.

Un hecho como este no solo despierta el estupor, ante la destrucción de la democracia venezolana a manos del chavismo -emulando el mismo destino de Nicaragua, donde la dictadura de Ortega se han enquistado producto de elecciones farsa, tal como ocurrió en 2021-, y por los imprevisibles efectos que un fraude así puede causar dentro de Venezuela -distintas voces han advertido sobre el riesgo de que se desate una crisis política a gran escala, que además derive en una nueva ola migratoria de venezolanos en la región-, sino que además se está traduciendo en gravísimas violaciones a los derechos humanos, con masivas represiones por parte de agentes estatales, encarcelamientos de disidentes e intentos de censurar incluso las redes sociales, prácticas que han sido denunciadas por distintos organismos internacionales.

En este aciago contexto, donde resulta fundamental una defensa clara de la democracia, así como la denuncia sin ambigüedades de los atropellos a las garantías fundamentales, el Presidente Gabriel Boric nuevamente ha sido una voz clara en ello. Ya lo fue apenas emitidos los resultados oficiales, poniendo en duda su validez y exigiendo una verificación imparcial. Y ahora, apenas conocida la resolución del tribunal superior de Venezuela, denunció que este “termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria (…) Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía”.

El Mandatario también envió un claro mensaje al mundo político que él representa: “La dictadura de Venezuela no es de izquierda. Es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere”.

La claridad de las palabras del Presidente Boric contrasta con el bochornoso papel que han jugado los presidentes de Brasil y Colombia, quienes han evitado referirse al régimen como dictadura, e incluso propusieron como salida la repetición de las elecciones, o la conformación de un gobierno de coalición, minimizando así el grotesco fraude que se ha cometido y entregando espacios de legitimidad a Maduro. Aún más cuestionable es el rol que ha jugado el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha limitado a esperar una verificación de las actas.

La izquierda latinoamericana tiene una enorme responsabilidad en haber validado el régimen chavista, que desde la llegada de Maduro al poder en 2013 la erosión de la democracia y de las instituciones se amplificó a niveles inauditos. Los medios independientes fueron clausurados, los opositores perseguidos, se desconocieron resultados electorales que no favorecían al régimen, desatando además una crisis económica y humanitaria sin precedentes en dicho país. Venezuela figura como el segundo país más corrupto del mundo -según mediciones de Transparencia Internacional-, y el Índice de la Democracia elaborado por The Economist Intelligence Unit ya venía mostrando al país entre los más autoritarios de la región. Sin embargo, ante esta degradación se guardó un escandaloso silencio, cuando no complacencia, permitiendo que se llegara hasta esta tragedia.

Es sin duda un avance que en nuestro país un amplio sector de la izquierda esté tomando distancia del régimen de Maduro y reconozca su carácter dictatorial -muy simbólico y señero ha resultado en ese sentido que la senadora Isabel Allende planteara que “es una dictadura con todas sus letras”-, pero la ambigüedad en que se ha mantenido el Partido Comunista -su línea más “tradicional” ya había reconocido el triunfo de Maduro, pero tras los dichos del Presidente la colectividad se apronta a debatir qué postura adoptará- es un recordatorio de que no todos los sectores de la izquierda han acogido el llamado que con tanta claridad formuló el jefe de Estado. Para el gobierno sin duda es muy complejo que dentro de su propia coalición convivan visiones tan dispares a las que ha trazado el propio Mandatario.

La tragedia de Venezuela obliga a que la comunidad internacional mantenga una presión constante hacia el régimen, y vele por que la democracia no siga siendo amagada en la región, lo que exige -en un acto de elemental coherencia- interpelar por la situación de Cuba, sumida hace décadas en una dictadura comunista, lo que ha sido tolerado sin mayores cuestionamientos.