Por María José Becerra, economista del London School of Economics y directora de la Fundación Chile21
Algunos argumentos en contra ya se han puesto sobre la mesa sobre el proyecto de reforma tributaria presentado en el programa del presidente electo Gabriel Boric, reforma que tiene por objeto recaudar cinco puntos del PIB durante el mandato presidencial.
Pero al estudiar esta reforma en profundidad, se observan varios aciertos: desintegración del impuesto a la renta para las grandes empresas y sociedades de inversión, aumento de la carga tributaria de quienes ganen más de $4,5 millones mensuales, reducción de exenciones, impuestos al patrimonio al 1% más rico, impuestos verdes, medidas contra la evasión y elusión y, a pesar de no ser un impuesto, la consolidación de un royalty a la gran minería del cobre.
Es importante entender que esta no es tan solo una propuesta tributaria, es el convencimiento de un nuevo “Pacto Social Tributario”, resultado de la reconfiguración de las relaciones sociales del país post estallido social e incorporado a la discusión de la nueva Constitución. Como lo señalan Martin, Mehrotra y Prasad “… los impuestos formalizan nuestras obligaciones mutuas, definen las desigualdades que aceptamos y las que tratamos de corregir colectivamente, establecen los límites de lo que nuestros gobiernos pueden hacer”.
Este nuevo pacto social tributario permitirá una pelea frontal contra la desigualdad y una política transparente, justa y efectiva de redistribución de la riqueza traducida en inversión en paz social; es decir, ingreso permanente para financiación permanente a derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, para que su provisión deje de ser una solución mercantil financiada por el Estado y complementada por los bolsillos de las familias.
Este nuevo pacto también obligará en materia económica a impulsar una nueva estrategia de crecimiento a través de políticas industriales verticales, estímulos a la inversión extranjera directa, fijar el gasto y la regla fiscal para prospectar una trayectoria de deuda pública sostenible, complementada con reducción del déficit fiscal.
La reforma debe además visibilizar y corregir las desigualdades de género de las reformas tributarias: en la legislación, en su implementación, en la incidencia y en impacto sobre las mujeres de hoy y de mañana. Corregir significa estimar los sesgos implícitos y explícitos de los efectos de la reforma tributaria en los hogares monoparentales, aquellos bajo la línea de la pobreza, hogares con doble proveedor y evaluar si la política tributaria consolida, desafía o aumenta la inequidad de género.
En marzo se espera sensatez. Que la discusión sea técnica, de economía política y que ésta no caiga en los clásicos populismos de exaltar la relación negativa entre impuestos, inversión productiva y crecimiento, sobre todo cuando ya sabemos por los estudios de Andrew Berg; Saez y Zucman, y Kretchmer, que un aumento de impuestos per se no es la tumba del crecimiento.
Por lo tanto, antes que las y los agoreros de siempre pongan de manifiesto lo mal que le hará esta reforma tributaria al crecimiento del país, a las Pymes y a la clase media; este pacto social tributario tiene el desafío de dialogar y trenzar sus principios con la sociedad: principios de progresividad, de género, de equidad vertical, horizontal, intergeneracional y territorial.
Al final del día, lo que se espera lograr con este plan es mirarnos como sociedad y preguntarnos cuánta injusticia y desigualdad estamos dispuestos a tolerar. La respuesta siempre será ética, porque argumentos técnicos ya hay de sobra.
