Por Claudia Sarmiento, socia de Sarmiento & Walker; profesora de Derecho Constitucional Universidad Alberto Hurtado
Una Constitución no es una acumulación de cosas. Tampoco es la cláusula de Estado social versus el subsidiario o los mecanismos de protección de derechos, aunque sin duda son materias importantes. Una Constitución, más allá de sus partes, debe tener la capacidad de definir de qué manera se ejercerá y traspasará el poder, cuáles serán sus límites y cómo se renovará o reemplazará.
Ad portas del inicio del debate sustantivo de las normas de la Constitución de 2022, existen materias indispensables, pues, sin ellas, no se cumpliría con el objetivo trazado. La Convención Constitucional deberá resolver si mantendremos el presidencialismo reforzado, o transitaremos a uno atenuado, a uno semipresidencial o parlamentario. Así también, cómo será la relación entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la autonomía que cada cual tenga y los pesos y contrapesos entre éstos. Especial atención requerirá la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, y el proceso de formación de ley, el que se conecta con el control de la supremacía constitucional en un órgano especializado como el actual Tribunal Constitucional o dentro del Poder Judicial. Si se mantiene el Tribunal Constitucional, serán vitales su integración y facultades, habida consideración de lo desestabilizante que ha probado ser el control preventivo de normas para el proceso de formación de ley.
La Constitución deberá contener y resolver qué forma tendrá nuestro Estado: unitario o federal; qué rol tendrán las regiones y cuánta autonomía. Adicionalmente, cómo se hará concreto un Estado plurinacional y paritario. Hoy, más que nunca, es claro que las mujeres y los pueblos originarios no deben continuar siendo espectadoras del destino de nuestra nación.
Los derechos humanos serán fundamentales: el catálogo que se construya no solo deberá contener derechos que sean limitaciones para el Estado -por ejemplo, la prohibición de censurar- o alternativas entre un sistema privado u otro público; esta es una mirada propia de la Guerra Fría, donde los derechos sociales eran “no-derechos”. Nuestros pueblos anhelan que la educación, la salud, las pensiones, las viviendas, la alimentación o el acceso al agua y saneamiento, no sean problemas privados únicamente, condicionados a la capacidad de pago de cada quien. En el corazón de los derechos sociales late la necesaria redistribución económica y política que será la semilla de una sostenibilidad real, una que se construye en el reencuentro en espacios comunes, como las antiguas escuelas públicas, en ciudades menos segmentadas y pensadas para ser vividas, no toleradas.
Pero esto, aunque importante, no es todo. Reitero, la Constitución no es una acumulación de cosas. Por el contrario, la Constitución de 2022 debe erigirse como un hito de encuentro y de reconstrucción que nos permita dejar atrás la sombra de la dictadura, la incomodidad de los consensos forzados de la transición y la frustración expresada en el estallido social. Necesitamos generar una democracia capaz de alcanzar acuerdos en tiempos razonables, sabiendo que tenemos profundos desencuentros y que, a pesar de ellos, debemos convivir en paz en el mismo país, al que todos decimos amar.
En fin, la Constitución no es un dispositivo mágico y solo será efectiva si adherimos a ella y le reconocemos la capacidad de ordenar la vida cívica. Porque, después de todo, la República la sostienen las personas, somos quienes debemos pensar en Chile y su destino, en el bien común de quienes estamos presentes y los que vendrán.
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