Por Rolf Lüders, economista
La Convención Constitucional, después de aprobar su reglamento de operación, ha entrado al análisis de fondo de las propuestas que le hará al país. En particular, la comisión temática sobre medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes comunes y modelo económico se abocará, entre otras cosas, a definir la institucionalidad en materia económica.
Es sabido que una de las mayores demandas de cambio expresadas durante y después del estallido de 2019 se refirió al así llamado modelo neoliberal adoptado. Se critica principalmente la desigualdad producida en términos de materias de ingresos, riqueza, y derechos sociales. Lo que se ignora general e inexplicablemente en el debate es que en los últimos lustros las desigualdades han disminuido significativamente, y que en los últimos 30 años prácticamente todos los chilenos han mejorado espectacularmente sus condiciones de vida, incluyendo por cierto el acceso a mejores servicios sociales (Economía y Sociedad, Nr.108, 2021). Es más, se pueden contar con los dedos de una mano los países que pudieron, con sus reservas, compensar mejor el efecto sobre el consumo de las caídas de ingreso durante los meses de pandemia.
¿Existe una mejor alternativa que el ordenamiento económico que tenemos? La respuesta es sí y no. Es sí, si pensamos en términos de cambios al actual modelo, definido éste como una abstracción de la realidad que la explica. Sin duda se pueden y deben hacer cambios para responder mejor a las expectativas de la población (aunque esto puede implicar un menor crecimiento) y para ir aumentando la eficiencia de la economía.
En cambio, la respuesta es no, si se propone un cambio radical de sistema, entendido éste último como un conjunto de reglas generales que definen la forma en que una sociedad gestiona y administra sus recursos escasos. La evidencia empírica, contundente, sugiere que las economías de mercado, en que el Estado juega un rol regulador, tienden a generar, en democracia, mayor prosperidad compartida que los esquemas centralizados. Una comparación del desempeño de la economía chilena con la venezolana lo dice todo. Desde 1990, el PIB por persona de Chile aumentó en alrededor de un 100 por ciento, mientras aquél de Venezuela, en dictadura, caía en más de un 50 por ciento.
De lo anterior se desprende que se debe evitar que la Constitución del país institucionalice un modelo en particular -el existente o cualquiera otro-, permitiendo así la adaptación, mediante legislación o actos administrativos, de la institucionalidad económica a las circunstancias coyunturales. En cambio, puede ser útil definir en la Constitución ciertas normas que configuren el sistema económico-social que deseamos tener, de modo tal que pueda albergar una amplia, pero no obstante acotada, gama de modelos.
