Por Juan Eduardo Coeymans, académico FEN – UDD; y Francisca Labbé, investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa – UDD
El aumento de la incertidumbre sobre las reglas del juego afecta negativamente la inversión, el empleo, el crecimiento y la reactivación económica. Afirmar que un cambio constitucional desde una hoja en blanco no produce incertidumbre es ingenuo y contrario a la evidencia. Al garantizar derechos e imponer restricciones, la Constitución tiene efectos directos sobre los resultados económicos, afectando las decisiones de ciudadanos, empresas y Estado.
Las principales normas constitucionales económicas que permiten predecir las reglas del juego son libertad económica, propiedad, derechos sociales, igualdad de oportunidades, pensiones, gasto fiscal, Banco Central autónomo, y sistema político. Su análisis no puede faltar en el debate constituyente.
La libertad económica permite expandir las oportunidades y disminuir ineficiencias al asignar de recursos. Debe complementarse con intervención del Estado para disminuir las distorsiones generadas por externalidades y poderes monopólicos en un mercado sin regulaciones mínimas. Pero son los mercados los que tienen mayor potencial para generar bienes y servicios, así como mayores ingresos y recursos fiscales disponibles para satisfacer necesidades sociales y mejorar las condiciones de las personas.
Al Estado le corresponde auxiliar a quienes lo necesitan, con políticas públicas, procurar asignar eficientemente recursos; contribuir a un mayor bienestar; garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales; incentivar obras de infraestructura de gran envergadura que no se generarían sin intervención estatal; incentivar la cooperación entre los agentes económicos; fomentar investigación y educación; buscar soluciones a externalidades negativas y fomentar las positivas. Todo ello, en un marco de sostenibilidad y sustentabilidad.
Si predominan decisiones de mercado, el derecho de propiedad juega un rol clave. Si hay incertidumbre sobre éste, los agentes económicos frenan su accionar o escapan del país (la inversión cae, los capitales se fugan al extranjero), baja el valor del peso chileno, aumenta el nivel de precios y, se deteriora el poder adquisitivo real.
Derechos sociales de calidad (educación, salud, vivienda, medio ambiente, ingresos mínimos) son una carga económica fuerte para el Estado. Generar recursos para financiarlos depende de la actividad económica, la que se favorece con reglas del juego claras y un ambiente amigable con el emprendimiento.
Igualdad y dignidad son garantías constitucionales correspondientes a los deberes del Estado. Deben establecerse claramente en la Constitución, así como su exigibilidad y justicia, dejando su regulación en particular a la ley y a la administración pública. Es preferible que el estándar de satisfacción de derechos pueda variar, según los recursos disponibles (presentes y futuros). Al mismo tiempo, debe revisarse la legislación laboral, para generar un ambiente de cooperación al interior de las empresas.
Existe consenso en pensiones: en promedio son bajas. Hay fuertes presiones para eliminar las AFP, culpándolas del problema. Sin embargo, el debate debería girar en torno a los factores que afectan el monto de las pensiones (aumento de esperanza de vida, reducción de tasas de cotización cuando partió el sistema de AFP, informalidad, lagunas previsionales, freno al aumento de salarios reales, etc.). Lo dicho no quita que las utilidades de las AFP puedan reducirse, al ser un mercado relevante para el bienestar social, pero ello debe realizarse vía mayor competencia. Para mejorar significativamente las pensiones, deben ajustarse los parámetros que actualmente se aplican: subir tasas de cotización y edad de jubilación, aumentar incentivos a cotizar, disminuir riesgo de nacionalización de los fondos y aumentar la productividad del capital y del trabajo, para lograr mayor crecimiento del producto, del empleo, de los salarios reales y de las rentabilidades de los fondos.
El gasto fiscal debe ser sostenible en el tiempo: gastos permanentes financiados con ingresos permanentes. De lo contrario se desatan crisis fiscales o excesivo endeudamiento del Estado. Finanzas públicas desequilibradas por largo tiempo, hacen necesario apretar el cinturón, brusca y dolorosamente, afectando principalmente a los más vulnerables. Así, lo importante es que exista una regla fiscal, que solo pueda modificarse por ley aprobada con un quórum significativo, y así evitar la tentación de priorizar solo el corto plazo y de romper la regla.
La autonomía del Banco Central es esencial para mantener la inflación controlada y limitar excesos de gasto fiscal insostenibles en el largo plazo.
En el desarrollo económico, el Estado tiene un rol fundamental, por lo que es deseable que el sistema político tienda a acuerdos y colaboración entre los poderes del Estado, proyectando políticas públicas con mirada racional y de largo plazo.
Algunos ámbitos del Estado requieren cirugía mayor: mejorar los procesos de selección; igualar las normas laborales del sector público con el privado (salvo servicios esenciales); elevar estándares de evaluación económica y social de proyectos de ley (diseño, ejecución e impacto), tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo; mayor capacitación a legisladores; reducir tiempos de discusión legislativa.
El sistema de evaluación ambiental (proyectos de inversión) también debe revisarse; reducir tiempos y burocracia, incorporar autoridades políticas con formación técnica idónea, o asesorías competentes, generar certidumbre en etapas tempranas.
Debiéramos fomentar mayor autonomía de las regiones, lo que requiere fortalecerlas técnicamente, con más recursos para contratar y capacitar capital humano idóneo, siendo necesario evaluar con cautela cada etapa del proceso, y evitar zonas de tamaño muy reducido (o establecer la colaboración entre comunas cuando no se alcance la escala suficiente para sustentar los costos fijos de los diferentes programas de gestión municipal).
Hablando con peras y manzanas, hay gran incertidumbre sobre las reglas del juego que nos van a regir y sus efectos. Podemos estar frente a un proceso donde Chile perdió el rumbo o, alternativamente, comenzó la ruta de progreso económico, social y cultural para cada ciudadano, con aumento de oportunidades de empleo y salarios reales, sustentados en mayor productividad, con un Estado eficiente y fuerte al diseñar e implementar políticas públicas.
