Constitución y responsabilidad fiscal

Según el Fondo Monetario Internacional, el principio de responsabilidad fiscal se refiere a la idea de que los gobiernos deben administrar sus finanzas de manera prudente, velando por el equilibrio presupuestario, transparencia y rendición de cuentas, entre otros. Al mismo tiempo, la sostenibilidad fiscal acoge el principio de justicia intergeneracional, es decir, que al momento de diseñar y/o financiar las políticas públicas, tanto las actuales como las futuras generaciones tengan las mismas oportunidades de beneficiarse, evitando que el bienestar que goce la generación presente sea a costa de las que vendrán.

Una de las innovaciones que contiene la propuesta de nueva Constitución es que los derechos sociales (Art. 1 y 24) se proveerán de forma progresiva, utilizando el máximo de los recursos disponibles pero sujetos a la responsabilidad fiscal. En materia de descentralización (Art. 126 y 147), la organización del Estado es acompañada por los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Dotar a los gobiernos regionales de mayores competencias a nivel constitucional conlleva aparejado una mayor responsabilidad de las autoridades regionales en el uso eficiente de los recursos públicos, la transparencia, rendición de cuentas y endeudamiento, asegurando la sostenibilidad de las finanzas locales.

La propuesta, además, (Art. 78) fortalece la iniciativa exclusiva del Presidente de la República al requerir que las mociones o indicaciones declaradas inadmisibles precisan de un quórum de cuatro séptimos para ser enmendadas, sin perjuicio de las atribuciones del Tribunal Constitucional. Adicionalmente, el Congreso no podrá aprobar ningún nuevo gasto sin indicar las fuentes de recursos necesarios para financiar dicho gasto, lo cual facilita que se coarte el populismo en el Congreso con el fin de poder mantener la disciplina fiscal.

Elevar la responsabilidad a rango constitucional favorecerá que la Constitución vele por que los derechos sociales asegurados a la ciudadanía sean provistos progresivamente, de manera que los gastos asociados tengan su contrapartida de ingresos permanentes para su financiamiento. Y de prosperar esta iniciativa, si bien el texto enumera una serie de situaciones en las cuales se entiende cómo actuar con responsabilidad fiscal, es importante que se defina con precisión en leyes posteriores, para incorporar los mejores estándares en la materia, establecidos por los organismos internacionales, y evitar interpretaciones que puedan resultar discrecionales.

La institucionalidad fiscal de nuestro país ha permitido conducir adecuadamente la política fiscal; sin embargo, hemos aprendido a lo largo de nuestra historia que no puede darse por garantizada. De allí que elevar la responsabilidad y sostenibilidad fiscal a rango constitucional pareciera ser un paso en la dirección correcta con el fin de fortalecerla. Ello resulta de particular importancia en un contexto donde la Constitución incorpora nuevos derechos sociales para que sean provistos de manera progresiva y sostenible.