Constitución y sentido común

Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo

La Convención Constitucional se encuentra redactando las normas que se propondrán a la ciudadanía. La gente espera, conforme a lo que se le dijo, un texto que removerá los obstáculos que impedían una sociedad más justa. A estas alturas uno puede preguntarse: ¿va bien encaminado el proceso?

Las propuestas aprobadas nos hacen dudar, pues muchas carecen del más elemental sentido común. Una de las premisas discutibles es que en Chile habitan una serie de naciones y la Constitución debiera regular la interacción entre ellas. De acuerdo a los datos, cerca de un 10% de los chilenos reconoce una identidad indígena. La Convención avanza, no obstante, hacia la plurinacionalidad y el pluralismo jurídico, con “sistemas de justicia” distintos para los pueblos indígenas, sin coordinación ni reconocimiento de un órgano superior, como podría ser la Corte Suprema. Académicos como José Rodríguez Elizondo y Joaquín Fermandois han señalado que la plurinacionalidad debilita a Chile y fomenta el separatismo. Jorge Correa considera que la indefinición acerca de las autoridades que intervendrían en la justicia indígena la hacen inviable. El sentido común nos dice que no resulta razonable que cerca de un 10% de los chilenos tenga un tratamiento más favorable que el 90%. Al romperse la igualdad ante la ley se lesiona uno de los fundamentos de una sociedad democrática, perjudicando a la mayoría.

Los desarrollos de la Convención en materia de derecho de propiedad retroceden en su protección, al no asegurar el pago al contado del valor de mercado en caso de expropiación. Los políticos a través de una ley fijarían los valores que se pagarán a quien sea expropiado por el Estado. ¿Alguien cree honestamente que ello permitirá aumentar la inversión en Chile o disminuir el déficit de vivienda que aqueja a nuestras principales ciudades?

Los convencionales están por reconocer derechos a la naturaleza y a los animales, incluso por sobre los humanos en algunos casos. De nuevo, el sentido común nos hace preguntarnos: ¿quién defenderá esos derechos en nombre de los animales y la naturaleza? ¿Cómo se armonizarán con los derechos de las personas? Aumentar el poder del Estado y los políticos en desmedro de los ciudadanos es un retroceso y no un avance hacia una sociedad más democrática.

Las propuestas de mayor descentralización están deficientemente formuladas y carecen de sentido de realidad al no resolver la concurrencia de distintas autonomías, regionales, comunales e indígenas, que necesariamente estarán en conflicto.

Corremos así el riesgo de que la Convención sea una catarsis y su proyecto deteriore las condiciones para lograr una vida mejor creando gran frustración. ¿Qué pueden decirnos quienes en la centroizquierda se han rendido a la idea que una nueva Constitución es un sino del que el país no podrá escapar?