Por Javier Couso, académico UDP y U. de Utrech
Inaugurada ya la fase de discusión de contenidos de la nueva Constitución, surge la pregunta acerca de cuál sería la forma más productiva de avanzar en el proceso. Luego de tres meses en que la Convención se dedicó a la tarea de otorgarse reglamentos para hacer precisamente lo que viene ahora, es natural que exista cierto vértigo ante lo que se vislumbra como un periodo de intensos debates que, como ocurrió en la fase inicial, estará marcada por el “ruido ambiente” que un pequeño (pero intenso) grupo de convencionales seguirá generando en dosis diarias por redes sociales y medios de comunicación.
En este contexto, especialistas internacionales en procedimientos de construcción constitucional sugieren avanzar rápidamente en aquellas materias que dividen menos a la Convención, intentando aprobar normas que conciten un consenso generalizado. Esto, sostienen, no solo ayuda a generar un ambiente de progreso sustantivo en el proceso constituyente (tanto al interior de la Convención como en el país en general) sino que, además, permite reservar tiempo y energía para aquellos tópicos que se vislumbran como más divisivos y/o polémicos.
En este contexto, cabe imaginar que nuestros representantes en la Convención se encuentran en condiciones de acordar sin mayores dificultades la adopción en la nueva Carta Constitucional de importantes principios y derechos, como la vigencia de un Estado Democrático y Social de Derecho; los derechos humanos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU; y el reconocimiento de que el ejercicio de la soberanía reconoce como límite el respeto de los mencionados derechos. Algo parecido debiera suceder con el principio de la separación de los poderes del Estado (en especial, la independencia de la judicatura, sin la cual la vigencia de los derechos suele ser nula); los principios de probidad y de transparencia; y la necesidad de mantener la autonomía constitucional de la Contraloría General de la República (que en Chile ha contribuido a disminuir la corrupción y la ilegalidad).
La metodología de avanzar en la redacción de aquellas normas constitucionales en que se constatan desde ya acuerdos generalizados, permitirá dedicar largas jornadas a analizar los aspectos inevitablemente más controvertidos -y complejos- de la nueva Carta Fundamental, como la configuración que debiera tener el sistema político (¿presidencialismo atenuado? ¿Algún tipo de semipresidencialismo? ¿sistema parlamentario?); el reconocimiento y formas de exigibilidad de los derechos sociales, económicos y culturales; o la configuración precisa que debiera tener el reconocimiento constitucional y los espacios de autonomía que debiera reconocerse a los pueblos originarios (o derechamente la inclusión de un Estado plurinacional), entre otros.
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.