Po Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar
Ayer martes ingresó en la Sala del Senado el proyecto de ley que busca suspender los aranceles en la educación superior, luego de aprobarse en la Cámara de Diputados.
Si bien se ha justificado la necesidad del proyecto para dar apoyo a los miles de estudiantes que se han visto afectados por la pandemia, y que los cambios introducidos al texto original serían suficientes para dar curso a su aprobación, lo cierto es que, de aprobarse la iniciativa, se generaría un severo daño a nuestro sistema terciario. No se niega la necesidad de hacernos cargo de los estudiantes –a lo que el gobierno recientemente anunció un nuevo período de postulación al CAE, que permite alivianar a estas familias-, sino a que el medio escogido por los parlamentarios además de inconstitucional es tremendamente dañino.
El proyecto es especialmente confuso, por lo que no queda claro el alcance que tendría ni las obligaciones que impone a las instituciones, lo que genera aún mayor incertidumbre. Sin embargo, el problema no se resuelve con mejorar su redacción, pues tal como argumenta el abogado Patricio Zapata en su informe en derecho entregado a los senadores, la iniciativa es contraria a nuestro ordenamiento jurídico, afectando la autonomía de las instituciones de educación superior, ya que limita el derecho de las IES para exigir a sus alumnos el cumplimiento de las obligaciones contraídas por contrato, en circunstancias que éstas siguen cumpliendo las suyas. Si bien justifica que el derecho de propiedad que surge de los contratos puede ser limitado por una nueva ley –como lo es el proyecto en discusión-, esto solo puede hacerse en razón de su función social que “comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental”; y la iniciativa no logra cumplir con este requisito constitucional.
Es más, debido al impacto negativo que tendría el proyecto en las instituciones, que amenaza la viabilidad de los planteles y por tanto su capacidad de seguir entregando el servicio educacional, no solo se estaría limitando su derecho, sino que se estaría impidiendo su ejercicio. Sin duda, esto significaría un retroceso inmenso en el desarrollo del sistema de educación superior que se ha logrado con esfuerzo. Lo anterior, afectaría especialmente a ciertos sectores, por ejemplo, a la educación técnico profesional y las instituciones de regiones.
Resulta, por tanto, bastante incomprensible que pese al especial valor que tienen las instituciones de educación superior y la protección que merecen por parte del Estado –como deber constitucional- se les perjudique mediante la iniciativa parlamentaria tan directamente con justificación de apoyar a los estudiantes, sin comprender que ello resulta a todas luces contradictorio. Es de esperar que los senadores tengan un mejor criterio al analizar el proyecto en cuestión.
