SEÑOR DIRECTOR:
Es irresponsable por parte de los parlamentarios entregar cientos de miles de millones de pesos a las municipalidades a raíz de la Ley de Royalty Minero y no exigir que exista una rendición de cuentas, aprobada por Contraloría, tanto de montos como de usos válidos, antes de seguir desembolsando los dineros. De los 93 mil millones de pesos entregados el primer semestre de 2024 , un 42% no tienen rendición de cuentas en los plazos legales.
Mucho se habla de la Prevención del Delito, pero cuando hay que prevenir nadie mueve un dedo. “Prevenir” aquí es cambiar radicalmente la cultura de no rendición de cuentas (o rendición a medias) que se ha enseñoreado en el país cerrando el flujo de fondos hasta que no haya sido aprobado por Contraloría.
Un país, en el que el presupuesto de Salud no llega a fin de año, no puede permitirse que enormes recursos se entreguen a los municipios alegremente. Tantos escándalos con platas municipales, hasta en los pueblos más pequeños, deberían hacer pensar a los legisladores en priorizar la prevención de daños.
Se ha comprobado que nuestra benevolencia legal hace casi imposible la devolución de los montos una vez que éstos desaparecen. Si la Contraloría no actúa proactivamente y de oficio, pasará a ser un mero ente historiador.
José Luis Hernández Vidal
