Control y violencia en los márgenes urbanos: los límites del urbanismo militarizado

Tras el trágico episodio de violencia vivido en la población Carol Urzúa en Santiago, un fuerte debate se ha generado en torno a la reacción del gobierno para enfrentar este tipo de hechos en los barrios. No sólo la lenta respuesta del gobierno fue criticada por los ediles, sino que también el elitismo en el tratamiento que se le da a la seguridad en la ciudad. Frente a ello, el gobierno ha resuelto implementar la vigilancia del sector mediante un globo de televigilancia, mayor control policial (más efectivos policiales y tareas de inteligencia), tratamiento psicológico para las víctimas e incorporar a la población Carol Urzúa en el nuevo Plan de Barrios Prioritarios. Sobre este Plan, existe aún poca información pública, sabemos poco sobre sus estrategias y recursos involucrados. No sabemos si las medidas son distintas a las ya probadas antes y o si realmente pudiesen cambiar las condiciones que explican la violencia letal en los vecindarios. En esta oportunidad, la novedad parecer radicar en los dispositivos y artefactos de televigilancia que controlan la ciudad y las metas que se le han impuesto al control e inteligencia policial en el territorio.

Sin embargo, el estudio de experiencias comparadas muestra los límites técnicos y sociales que tienen estas medidas de panoptismo urbano. En términos técnicos, estudios de evaluación de impacto dan cuenta la errática incidencia que tiene la televigilancia en la reducción del delito en el espacio urbano. Ya en 2005, un estudio realizado por el Departamento de Estudios del Home Office británico mostraba que los circuitos de cámaras en Londres tenían rendimientos disímiles en los espacios públicos en términos de reducción de la victimización y del temor. Junto a ello, el desarrollo de la criminología situacional destaca el bajo logro que tienen estas medidas con relación a los delitos violentos (Welsh & Farrington, 2012) y también, estudios académicos constatan cómo la video vigilancia ha tomado mucha fuerza en las ciudades más por su rendimiento político que por sus efectos reales sobre la criminalidad (Galdón, 2015).

Por otra parte, lo poco que sabemos en Chile sobre las estrategias de seguridad da cuenta que, hasta ahora, el control policial ha sido insuficiente, deficiente y poco adecuado. La instalación de efectivos policiales de manera permanente ha sido acompañada de estrategias de cierre perimetral y control de identidad hacia los vecinos. Estas estrategias, que responden a una lógica de táctica militar que se ha evaluado poco, tienen un rendimiento que es mayor en denuncias de abusos del uso de la fuerza que en la mitigación del crimen más organizado. Al respecto, la experiencia internacional confirma que sólo el control policial no es suficiente y que, por el contrario, éste aumenta la violencia entre las bandas y su confrontación con el Estado. En este sentido, el ejemplo de las Unidades Pacificadoras en favelas brasileñas confirma cómo un buen diseño de política puede fracasar por el excesivo uso de la fuerza y del control, por la falta de formación policial adecuada, y por el alto entusiasmo político que reciben estas tácticas de urbanismo militarizado.

Si bien lo que ocurrió en la población Carol Urzúa no es de ocurrencia frecuente, sí lo son las violencias y peligros cotidianos que aquejan a sus vecinos, como también lo es la insuficiente seguridad que ellos reciben y la discontinuidad y negligencia con que opera el Estado. Es por ello, que hoy más que nunca se requiere de una revisión exhaustiva de las estrategias que se han implementado desde 2000 en adelante y planificar políticas que apuestan por superar las condiciones de violencia estructural que persiste en los márgenes urbanos.