Por Jeanne Lafortune, profesora asociada, Instituto de Economía UC; y José Tessada, profesor asociado y director, Escuela de Administración UC
Los hechos ocurridos recientemente en Iquique muestran a la opinión pública cuán tensa es la situación que está generando la inmigración en Chile. Varias voces han pedido que se fortalezca la frontera, hablando incluso de cerrarla para controlar esta situación. Otros parecen empujar en una dirección contraria, en un aparente dilema imposible con protección de los derechos de los migrantes. Nos parece adecuado preguntar si hay otras alternativas factibles y prácticas.
Por un lado, el número creciente de migrantes que llegaban a tocar la puerta antes de la pandemia era significativo. El alto crecimiento de los flujos de migrantes prepandemia se dio en el contexto de una brecha importante de nivel de ingresos y bienestar entre Chile y los otros países de la región, incentivando una migración con intención laboral en gran medida. Postpandemia, y pese a las dificultades que ha traído, solamente podemos anticipar que el deseo de los migrantes por venir a Chile aumentará: ya hemos recuperado el nivel de ingresos previo al estallido y pandemia, y tenemos una situación sanitaria muy superior a otros países en la región.
Por otro lado, el gobierno logró finalmente la aprobación y promulgación de una nueva ley de migración que limita las posibilidades de migrantes de llegar al país sin tener su visa ya aprobada. Esto facilita mucho la integración económica y social de migrantes que obtienen derecho a entrar, pero también dificulta las posibilidades de muchos migrantes de entrar legalmente al país. De este modo, los ingresos no regulares se vuelven más atractivos, reflejándose en los números de migrantes que hemos visto en la frontera norte del país.
En este contexto, varias voces han respondido pidiendo que se aumente la protección de la frontera. Parece una conclusión lógica a la situación actual, pero se complejiza una vez que notamos lo difícil que puede ser esta tarea. La frontera entre Chile y sus vecinos es amplia, y en varias zonas con características geográficas que complican su control. Podría requerir, entonces, una inversión muy importante, o derechamente impagable, o ser sencillamente impracticable.
¿Hay alternativas? Sí, controlemos y enfoquémonos en lo que genera la alta demanda por migrar a Chile. Los migrantes cruzan la frontera de manera irregular porque saben o esperan poder encontrar trabajo sin una visa de ingreso. Aunque algunas de estas expectativas pueden ser infundadas, la informalidad y el empleo independiente pueden entregar un espacio para migrantes, incluso si no tienen documentos. En esto debemos actuar con una mezcla de incentivos. Por un lado, mayor fiscalización, ya sea a los empleadores o en los lugares de trabajo, para incentivar la entrada regular al país. Pero también, debemos responder usando las herramientas que nos entrega la política migratoria, agilizando los procesos de obtención de visas y utilizando los mecanismos disponibles para adaptar los procesos y requisitos de entrada, además de comunicar los requisitos y pasos. Los procesos administrativos pueden ser complejos en pandemia, pero el retraso en la entrega de visas solo aumenta el uso de otros medios de entrada.
Una importante ventaja de este tipo de políticas, aunque no son panaceas y soluciones inmediatas y milagrosas, es que generan un beneficio importante para los migrantes que están llegando, pero también para quiénes ya están acá. La informalidad y la precariedad no benefician a nadie y son caldo de cultivo para el descontento y la desesperación.
No busquemos las soluciones facilistas. Hay otras maneras para “proteger la frontera” sin construir un muro.
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