Controles internos en el Estado y caso “convenios”

SEÑOR DIRECTOR:

El “caso convenios” ha puesto en evidencia cuantiosas transferencias de recursos a corporaciones o fundaciones sin reparar en conflictos de interés o sin respetar reglas expresas de abstención. Peor aún, como los recursos fueron transferidos anticipadamente y sin garantías que resguardasen su correcto uso, se corre el riesgo de no recuperarlos como parece pasar en al menos un caso.

La regla general es que nos enteramos de estos hechos por la vía de la denuncia o de la investigación periodística, y no por el funcionamiento de los sistemas de control institucionales que, idealmente, debieran incluso impedirlos. Esto deriva, en parte importante, de una defectuosa regulación que admitía el trato directo y la ausencia de garantías enmarañada en la Ley de Presupuestos. Pero también ocurre por insuficiencias en los sistemas de control interno.

Hace algunos días el ministro de Justicia recomendaba a quien llegara por primera vez a un cargo directivo en la Administración Pública, seleccionar buenas jefaturas en las unidades jurídica, de administración y finanzas y de auditoría, para evitar problemas de este tipo. Este sensato consejo revela, sin embargo, un problema alarmante. ¿Acaso no debieran estas jefaturas ser cargos profesionales, seleccionados por un sistema que resguardase sus atributos técnicos y que no pudieran removerse por razones de simple confianza? Lamentablemente, en la mayoría de los casos no es así, y quien llega a dirigir un servicio entiende que estos cargos son parte de su equipo de confianza. En esto, nos pesa la falta de una genuina diferenciación entre Gobierno y Administración, que incluya en esta última un control interno robusto. No quiero decir que no se pueda tener un equipo de confianza, algo legítimo y necesario en una democracia, pero este equipo debe ser acotado y no debiera incluir los cargos descritos, que deben responder a una mirada especializada y de largo plazo.

En la misma línea, se hace necesario fortalecer la Auditoría Interna de Gobierno, encabezada por un Consejo Asesor Presidencial (el CAIGG) creado por un decreto de 1997, dándole un espacio institucional estable a través de su reconocimiento legal con funciones claras, que incluyan operar como oficial de cumplimiento o integridad en cada institución pública.

Son muchas más las aristas a abordar, por cierto; lograrlo es el desafío de la Comisión formada por el gobierno a raíz de este caso. El de este último, considerarlas e implementarlas en forma veloz y decidida.

Enrique Rajevic

Académico Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado