Convención Constitucional y la regla de los dos tercios: Una propuesta de salida

Superadas, de a poco, las dudas que habían rodeado el plebiscito del 25 de octubre próximo ha llegado el momento de preocuparse ahora del “día después”. Esto es, del eventual triunfo de la opción Apruebo y de la consiguiente conformación del tipo de Convención Constitucional por el que la ciudadanía se haya inclinado, pues existen grandes interrogantes sobre la forma en que aquélla habrá de funcionar.

Las reglas entregadas por la Ley 21.200, que modificó el Capítulo XV de la Constitución para introducir la posibilidad de que Chile cuente con una nueva Carta Fundamental, estableció reglas muy escuetas al respecto. Sabemos que, dentro de los tres días siguientes a que se reciba la comunicación de la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones que proclame los resultados del plebiscito, el Presidente de la República debe convocar, mediante decreto supremo exento, a la primera sesión de instalación de la Convención indicando el lugar en el que deberá funcionar correspondiendo a la sede del Congreso Nacional, en defecto de otro. Y la instalación debe verificarse dentro de los quince días posteriores a la publicación del referido decreto.

En esa primera sesión, la Convención deberá elegir al Presidente y Vicepresidente de la misma, por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. La Convención deberá constituir, además, una Secretaría Técnica, conformada por personas de comprobada idoneidad técnica y profesional.

Lo más importante es, sin duda que, constituida la Convención, deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de los dos tercios de sus miembros en ejercicio. La primera duda que surge es si ese quórum rige sólo para las normas que contendrá el reglamento de la Convención o abarca también a la aprobación de los nuevos preceptos constitucionales. Al respecto, cabe observar que si el constituyente utilizó la conjunción "y" es porque deben aprobarse, por los dos tercios, tanto las normas de la nueva Constitución como aquellas que se incluirán en el reglamento de la misma, el que, por cierto, no puede ser sólo un reglamento que regule la forma de votar las nuevas reglas constitucionales, sino que también el funcionamiento interno de la Convención. La Ley 21.200 agregó que “la Convención no podrá alterar los quórums ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos.”

Se ha suscitado, en estos días, un debate acerca de cómo se aplicará la regla de aprobación por los dos tercios respecto de los contenidos de la nueva Carta. ¿Será artículo por artículo o deberá cumplirse respecto del proyecto de nueva Constitución como un todo? El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, de noviembre pasado, no aporta mayores luces al respecto. Quienes lo redactaron sólo han explicado que se trató de favorecer los mayores grados de consenso posible respecto de las nuevas normas constitucionales.

Quienes hemos trabajado en órganos colegiados sabemos perfectamente lo difícil que es concordar una redacción con la intervención de todos sus miembros. En este caso, estamos hablando de 172 o de 155 convencionales constituyentes, según se trate de la Convención íntegramente elegida o de la Convención Mixta.

Sobre estas bases, nuestra propuesta es relevar el trabajo de la Secretaría Técnica de la Convención -que, de paso, tampoco está claro cómo se integrará- de modo que sea la encargada de redactar los respectivos capítulos de la nueva Constitución, en base a la constancia fidedigna de los acuerdos que se vayan adoptando en el seno de la Convención, idealmente, a propuesta de comisiones internas de trabajo. Dicha redacción -por Capítulos- debiera ser aprobada por los dos tercios de los miembros en ejercicio de la Convención en sesiones plenarias convocadas para este efecto. De esta forma, y casi como efecto indirecto, el proyecto de nueva Constitución que se someta al plebiscito “de salida” habrá resultado aprobado por los dos tercios de los miembros de la Convención en forma inequívoca.

Nos parece que esta propuesta es una forma realista de encarar el trabajo de la Convención Constitucional, conforme al espíritu del acuerdo adoptado por los partidos políticos el 15 de noviembre pasado, y con una perspectiva razonable de cumplir el plazo conferido al trabajo de la Convención el que, en ningún caso, puede exceder de un año.