Corrupción: el eterno retorno de un diablo viejo

Por Juan Ignacio Brito, periodista

Las acusaciones contra el ex alcalde de Vitacura fijan nuevamente la atención en la corrupción. La red de amiguismo, la falta de control y el relajamiento moral que han quedado al descubierto en esa comuna hacen pensar que apenas conocemos la punta de un iceberg que comienza a hacerse visible.

La lucha contra la corrupción demanda adoptar medidas preventivas que disuadan a los funcionarios. Resulta evidente que el destape del escándalo en Vitacura está relacionado con el cambio de administración, lo cual sugiere que limitar la posibilidad de reelección apunta en la dirección correcta, pues dificulta la formación de camarillas que operan con impunidad a lo largo del tiempo y facilita la renovación del personal.

El caso de los municipios es delicado, pues su autonomía administrativa y tratos con un sinfín de proveedores constituyen una fuente potencial de problemas, como, por ejemplo, ha quedado al descubierto en varias comunas con el llamado “caso luminarias”. Sin embargo, la corrupción también alcanza al Congreso, las campañas electorales y la gestión del Estado en general.

Una medida prudente sería establecer que quienes manejan fondos públicos en cualquier nivel, participan en decisiones individuales o colectivas que suponen la administración de recursos, postulan a cargos de representación popular o deben fiscalizar el correcto uso del dinero de todos, sean calificados como “personas de interés” sobre las cuales exista una vigilancia exhaustiva, durante el ejercicio de su cargo y también inmediatamente después, en torno al estándar de vida que llevan, las adquisiciones que realizan y los movimientos financieros que ejecutan. Aunque una medida así resultaría invasiva, parece necesaria para evitar que se sigan cometiendo delitos que debilitan la fe en las instituciones y quienes las conducen. Sería recomendable que existiera un ente autónomo dedicado a este tipo de fiscalización, dotado de recursos y personal, que unificara los chequeos dispersos que realizan otros organismos. Una suerte de Unidad de Análisis Financiero cuya mirada esté puesta exclusivamente en esas “personas de interés”.

Pese a sucesivas “reformas del Estado” que, entre otras medidas, obligaron a hacer declaraciones de intereses y patrimonio, reformaron el financiamiento electoral, promovieron la transparencia y regularon el lobby, todavía en Chile funcionarios de alto nivel se llevan la plata para la casa en sobres. La corrupción es un diablo viejo que debe ser combatido, como señalaba Madison, oponiendo “ambición contra ambición”, pues el Estado no está compuesto por ángeles. Solo una acción que establezca pesos y contrapesos efectivos, vigile con sagacidad y fije sanciones disuasivas tiene posibilidad de derrotarla. Todo apunta a que buena parte de eso sigue faltando en Chile.