Por Valeria Lübbert, directora de Democracia y Anticorrupción, Espacio Público
Casos de corrupción en municipios siguen estallando. Según se denunció, el exalcalde Raúl Torrealba habría recibido de una corporación municipal sobres con montos de cercanos a 5 millones de pesos, todos los meses durante varios años. Limitar la reelección fue decisivo para sacar a la luz estos hechos. Torrealba llevaba 25 años a cargo de la comuna y probablemente sin el límite habría continuado en su cargo. Solo al cambiar la administración, una funcionaria se atrevió a denunciar y la nueva edil interpuso una querella.
La ausencia de reglas de protección de denunciantes sin duda favoreció que estos hechos no llegaran antes a la justicia. Conforme al estudio Radiografía de la Corrupción de la Contraloría, de 2020, de quienes declaran haber sido víctimas o testigos de corrupción, solo un 32,9% los denunció. También es relevante que las personas denunciadas, una vez constatados los hechos, reciban sanciones proporcionales al daño que generan en la confianza pública. La ausencia de sanciones o sanciones débiles desincentivan las denuncias y ahondan el sentimiento de impunidad. La persecución penal, tan cuestionada recientemente al recordarse los casos SQM y Penta, está hoy en la lupa de todos nosotros.
La Contraloría, por su parte, ha tenido problemas para ejercer sus limitadas atribuciones en las municipalidades. Entre 2016 y 2020 abrió sumarios y determinó la responsabilidad de 95 alcaldes, pero tan solo en 11 casos el respectivo Concejo Municipal llevó los casos al Tribunal Electoral para exigir las sanciones. Respecto de corporaciones municipales, el problema es aún peor, pues respecto de muchas de ellas no tiene control. En síntesis, perseguir la responsabilidad a nivel municipal tiene muchas trabas que deben revisarse con urgencia.
Por otro lado, asociaciones y corporaciones municipales, de acuerdo a un reciente informe del Consejo para la Transparencia, tienen un pésimo cumplimiento de los deberes de acceso a información, donde muchas no responden solicitudes y un 70% no cumple con los deberes de transparencia activa. Además, algunas corporaciones quedan fuera de la aplicación de la Ley de Transparencia actual, lo que no corresponde.
Necesitamos avanzar en reformas profundas que permitan mayor control a nivel municipal. También debemos estar alertas para la redacción de la nueva Constitución. Desde luego, se debe valorar la importancia de limitar la reelección de las autoridades que manejen fondos públicos, como una medida de prevención de corrupción. Junto a ello, será clave asegurar el deber de denunciar la corrupción y garantizar la protección de denunciantes, sin importar dónde se desempeñen. Por último, se deberá asegurar el principio de control del gasto público por un ente externo e imparcial, sin importar la naturaleza o grados de autonomía de los órganos que lo realizan.
