Corrupción municipal: la brechas de la legalidad

No alcanzamos a sorprendernos ante un caso de corrupción cuando ya nos enteramos del siguiente, y luego del otro. Los últimos días han sido intensos, llenos de revelaciones, cuestionamientos, acusaciones y, especialmente, de una sensación de impunidad y falta de control. Y a pesar de lo malo que resulta darse cuenta (o confirmar) que la corrupción está a la orden del día, el vaso medio lleno es que al menos la estamos conociendo.

La corrupción existe y siempre va a existir, y es bueno que lo tengamos presente, porque si no somos conscientes de su existencia, seguiremos impávidos ante su presencia, siendo incapaces de prevenirla ni atacarla. Y esto es fundamental, porque la corrupción va más allá de saltarse las reglas y actuar por debajo de la mesa para obtener beneficios. La corrupción vulnera la confianza, altera la democracia, el bien público, la equidad y tantos otros factores.

Estamos en una profunda crisis de confianza, la que se ha acentuado con las noticias que hemos conocido el último tiempo. Ahora el foco está puesto en la investigación de corrupción municipal del sector oriente, que se suma a San Ramón, Maipú o Viña del Mar.

Por estos días, el primer aviso lo dio la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, quién denunció eventuales irregularidades en el pago de subvenciones de algunos “programas Vita”, por parte de la administración del exalcalde Raúl Torrealba. Pero todo sería más grave aún, pues gracias a una autodenuncia se comenzó a investigar la entrega al exalcalde de sobres con $5 millones en efectivo mensuales. Esto sería el comienzo de una serie de hechos que comenzaron a salir a la luz.

Un reportaje de América Transparente revelaba que los municipios de Las Condes y Lo Barnechea habían transferido más de $47 mil millones a organizaciones comunitarias por servicios de seguridad. Y luego, conocimos un audio que destapaba supuestas irregularidades en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes, la cual recibe una millonaria subvención anual de la municipalidad. Según el registro, se contrataban empleados que, previo acuerdo y sin un rol específico, debían devolver parte del sueldo.

Es ahí cuando se comienza a cuestionar el papel de las corporaciones municipales de derecho privado, pues si bien son financiadas por los municipios, actúan como organismos independientes que compran fuera del sistema de compras públicas, lo que abre la puerta al pago de sobresueldos y sobreprecios; además no están obligadas a rendir cuentas, ser fiscalizadas, transparentar sus nóminas de trabajadores o proveedores, ni a regirse por la ley de transparencia. En resumen, se dan todas las condiciones para que opere la corrupción con facilidad.

Hoy existen nuevas aristas en cada una de estas comunas, y los hechos van sumando gravedad. En Vitacura la corrupción traspasaría las corporaciones y ahora también se investiga a la Dirección de Sustentabilidad por contratos abultados y pagos de servicios que nunca existieron; además del pago de millonarias horas extraordinarias, incluso en plena pandemia, como si fuera un derecho adquirido.

En Lo Barnechea, el alcalde Cristóbal Lira presentó una denuncia ante la fiscalía y anunció una auditoría a las subvenciones de programas comunitarios. A la vez remitió una alerta a la Unidad de Análisis Financiero por el contrato de un letrero publicitario. Igualmente, el alcalde lleva casi dos años en ejercicio, y recién ahora pide una auditoría.

En Las Condes, ahora estalló el caso de la Corporación Cultural que habría recibido $5.500 millones por parte del municipio, siendo cerca de $2 mil millones destinados a remuneraciones, pues al parecer reinó el nepotismo, amiguismo y los sueldos excesivos (incluso superiores al del alcalde).

Lo que vemos es una forma de operar similar: llevarse la plata de proyectos para la casa, contratar funcionarios fantasmas o a personas que no hacen nada con el fin de rendir gastos que no ocurrieron o bien exigir la devolución de parte de ese sueldo; contratar a familiares y amigos con sueldos abultados; o pagar horas extra que resultan ridículas.

De esta forma, vemos que la fiscalización escapa en algunos aspectos al trabajo de la Contraloría, ya que se esconden antecedentes o se cometen irregularidades bajo un manto supuestamente legal. Ya lo vimos en el caso Itelecom –que investiga a 25 municipios del país por contratos de luminarias led- donde un privado sobornó a funcionarios municipales que cayeron en la tentación del dinero fácil.

Debemos denunciar la corrupción y no hacer la vista gorda. En este caso, fue la alcaldesa de Vitacura quien se atrevió a dar un paso más allá, denunciando a alguien de su misma coalición política (lo que es muy poco común). No podemos depender de que se conozcan los hechos de manera fortuita, y por eso es urgente exigir rendición de cuentas, implementar canales de denuncias, protección a los denunciantes, mayor transparencia de contrataciones y licitaciones, auditorías internas y externas, fortalecer el rol fiscalizador de los funcionarios municipales y la ciudadanía, y contar con KPIs y control de gestión en las corporaciones municipales tal como se hace en el sector privado.

El poder concedido usado para beneficio propio es corrupción, como lo define Transparencia Internacional, y en línea a su estrategia global, debemos hacer que el poder rinda cuentas para el bien común.