Corte Suprema y el TC

Están agitadas las aguas en el Tribunal Constitucional (TC), tanto dentro del organismo como en su relación con los poderes del Estado. A los problemas por su excesivo protagonismo en el proceso legislativo, se suma una incómoda tensión con la Corte Suprema. Estos roces no surgen del normal ejercicio de sus funciones y afectan el correcto funcionamiento institucional. Lo que está ocurriendo ni es normal ni es positivo.

Existe un nivel inusitado de conflictividad entre la más alta magistratura de la República, la Corte Suprema, y el TC. Ello se verifica, además, en un contexto histórico bastante particular, en que esta última institución enfrenta severas críticas provenientes de distintos sectores políticos y sociales, al punto que el propio Ejecutivo ha anunciado reformas que afectan tanto su integración como sus competencias. En ese escenario, debe ser motivo de profunda reflexión que estos conflictos ahora involucren a la Corte Suprema.

Hay bastantes antecedentes a considerar. Por lo pronto, las sentencias del TC que declaran la inaplicabilidad de determinados preceptos legales han tenido una dispar eficacia en los tribunales ordinarios, vulnerando derechos de los particulares afectados. Ello se debe, en gran medida, a la creciente pérdida de legitimidad del organismo frente a los tribunales de derecho. En la misma línea están las recientes críticas del presidente de la Corte Suprema en la inauguración del año judicial (motivadas por el retardo injustificado en causas de derechos humanos, indebidamente suspendidas por el TC), así como algunas resoluciones de la Suprema que, en prevenciones de minoría, ha desconocido que las sentencias del TC puedan servir como fuente jurisprudencial "por tratarse de un tribunal político".

Recientemente, la Corte Suprema acogió a trámite un recurso de protección presentado en contra de una sentencia del TC. Se trata de una decisión inédita, que obligará a revisar los límites del recurso de protección como mecanismo para la tutela de los derechos. Pero, al mismo tiempo, invita a reflexionar sobre la posición de inmunidad en la que se ha situado el Tribunal Constitucional como consecuencia de una práctica que, de facto, ha excedido sus atribuciones constitucionales. En los últimos años, este tribunal ha intervenido en el contenido de importantes proyectos de ley sin que fuera legalmente requerido, alterando proyectos en los que no había "cuestión de constitucionalidad" que resolver.

Este conflicto institucional que se ha venido a llamar "choque de trenes" no obedece a una eventual superposición de competencias entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Hoy, en Chile, el conflicto surge de la politización de éste y su pretensión de inmunidad, fuente de su actual deslegitimación. La actuación de la Corte Suprema nos recuerda que en el Derecho no puede haber poder sin límite.