Por Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura
Ya lo dijo el presidente electo Gabriel Boric: entre los desafíos del gobierno que asume el 11 de marzo se encuentra el crecimiento (sin endeudar al país financiera ni ambientalmente), junto al tema de la seguridad y el de La Araucanía. Al parecer, los astros macroeconómicos comienzan a alinearse en favor de esa tarea. En efecto, el Ministerio de Hacienda del gobierno saliente mejoró las proyecciones para este año, de 2% a cifras cercanas al 4%, gracias al alto crecimiento experimentado por la economía chilena durante el 2021, y las holguras fiscales que ello permite, el precio de los commodities y un proyectado aumento del consumo que tiene su origen en un mayor nivel de empleo y los resabios de los subsidios y retiros de los fondos de AFP. Es posible que este nivel de crecimiento vaya acompañado de una inflación incómoda, la que afectará el nivel de ingresos de buena parte de los trabajadores.
Si bien esta es una muy buena noticia, los estímulos de corto plazo para un crecimiento como el proyectado no son sostenibles. Tal como los economistas suelen afirmar, para que este se mantenga en el largo plazo debe estar apoyado en la inversión. Un sostén clave para ese pronosticado crecimiento será el esfuerzo de inversión pública que se implementó como forma de contrarrestar el aumento del desempleo que amenazó con fuerza a mediados del 2020. Solo el MOP, durante el año pasado, invirtió cerca de US$ 800 millones más que el ejercicio anterior -con recursos públicos y privados, generados a través del sistema de concesiones. A este se destinaron para este efecto cerca de US$ 2,4 mil millones, y se proyectan inversiones por más de US$ 4 mil millones durante este año. Para ello se han debido iniciar casi tres veces más contratos que lo habitual y licitar 14 proyectos en concesión. Este esfuerzo solo contrarresta en parte la disminución en la inversión privada. La inversión pública representa aproximadamente el 20% de la inversión total y, por lo tanto, para sustentar un crecimiento sostenible en el tiempo es necesario generar las condiciones para recuperar e incrementar la inversión privada.
En un ambiente de cambio como el que se está experimentando no es fácil seducir a los inversionistas privados para que miren el futuro con optimismo: cambio del modelo “neoliberal”, reforma tributaria, rechazo al “extractivismo”, entre otras. Si a esto se le agregan las propuestas que han surgido desde la Convención Constitucional, es esperable que muchos de nuestros empresarios no estén con la mejor disposición de asumir los riesgos que un proyecto de inversiones demanda ante las incertidumbres que estos planteamientos, muchos de ellos de difícil comprensión, pueden generar.
Para desbloquear las percepciones agoreras que pueden desprenderse de una interpretación cortoplacista y tendenciosa de estas propuestas, será necesario un esfuerzo pedagógico muy grande por parte de la nueva administración y enfatizar los mecanismos de asociación público privada en el campo de la inversión. Esto no solo mostrará la disposición a trabajar en conjunto con el sector privado por el futuro del país, sino que será una señal muy concreta acerca de la localización de los esfuerzos de inversión que el gobierno quiere impulsar. Despejar las dudas y expresar en la práctica la voluntad de cooperación entre todos quienes deben trabajar para construir el Chile del futuro es fundamental para asegurar un crecimiento sostenible y sustentable. Como CPI estamos muy disponibles a cooperar en este esfuerzo.
