SEÑOR DIRECTOR:
En su carta del 29 de enero, Camila Maturana expone sobre la criminalización del aborto en Chile y argumenta en favor de su despenalización señalando que existe una persecución sistemática de las mujeres. Sin embargo, los datos de Gendarmería indican que, a esta fecha, hay sólo 7 personas a lo largo del país condenadas por el delito de aborto, de las cuales todas son hombres.
A pesar de esta concluyente cifra, es pertinente discutir si se debe penalizar o no a la mujer. Las circunstancias de vulnerabilidad que suelen rodear el aborto impiden un real juicio de culpabilidad sobre la mujer, quien perfectamente puede ser otra víctima más, al igual que la vida del que está por nacer. Esto, por cierto, no implica dejar sin sanción a quienes incentivan a las mujeres a abortar o hacen de éste un negocio lucrativo.
Si queremos ayudar y proteger a las mujeres y niñas de nuestro país, deberíamos avanzar en la discusión de políticas públicas que apoyen a las embarazadas que sufren entornos complejos y en proyectos de ley que persigan y sancionen, con todo el poder de la justicia, a los que abusan, extorsionan y se benefician del desamparo de las víctimas de un aborto.
M. Josefina Lecaros
Directora Servicio Público
Fundación Jaime Guzmán
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