Por Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de Isapres
De acuerdo a un artículo recientemente publicado en este medio, el crecimiento de los costos por el pago de subsidios de incapacidad laboral (licencias médicas) en Fonasa en 2021 ocupó parte relevante de la cotización de salud (7%). El gasto en licencias es tal, que equivale al 1,1% del PIB. Se trata de una crisis que afecta al sector privado y público. El fenómeno registró nuevos máximos durante la pandemia, aumentando el gasto en 2019 en 8%, 2020 en 15% y 2021 en 21%.
Las dificultades que experimenta el sistema provienen de múltiples factores. Una primera causa corresponde a que en la administración del sistema de licencias intervienen no menos de 20 organismos públicos y privados, dentro de los cuales participan la Suseso, la Compin, y la Superintendencia de Salud, Fonasa, Isapres, cajas de compensación, mutuales de seguridad. Además, a veces tienen tareas duplicadas y pueden actuar en forma descoordinada, haciendo complejo el funcionamiento del mecanismo por las excesivas dilaciones que incluso puede llegar a judicializar el proceso y lo encarece innecesariamente.
Otro factor que incide es la ausencia de regulación en algunos aspectos y la falta de actualización de las normas vigentes. La carencia de guías y protocolos que coordinen y establezcan criterios comunes entre los distintos intervinientes, no proporciona niveles de certeza que permitan un adecuado funcionamiento del sistema. Por otro lado, existen normas que no han sido actualizadas, como ocurre con las disposiciones relativas a los informes y antecedentes que deben acompañarse a las licencias médicas y actualmente no permite al sistema afrontar los volúmenes de emisión vigentes, ni efectuar un control eficiente sobre las licencias otorgadas.
Asimismo, un creciente número de leyes dispersas y otras en trámite, ordenan el pago de los permisos, respecto de ciertas condiciones o enfermedades, privando al Fonasa y a las Isapres de hacer un adecuado examen sobre los antecedentes señalados en la licencia, acrecentando el problema.
Los defectos del sistema a su vez ocasionaron mal uso y fraude, que hemos advertido desde sus inicios y con más énfasis desde 2021 en que, como gremio presentamos 28 querellas por emisión de licencias sin fundamento, respecto de profesionales que excedían ampliamente el promedio de emisión, y que poseían denuncias anteriores por los mismos hechos. Además, las Isapres individualmente, el mismo año, presentaron querellas en contra de médicos que habrían incurrido en esta forma de fraude.
Asimismo, se presentaron una serie de denuncias ante la Compin y la Suseso. Esta última informó recientemente que presentó, a través del Consejo de Defensa del Estado, 15 querellas, y prepara otras a presentar dentro de los próximos días. Además, se están investigando casos de emisión licencias desde el extranjero y otras concedidas por individuos que no tendrían las autorizaciones correspondientes. También se indagan redes de fraude en las que empleadores y trabajadores ficticios se coordinan para la obtención del pago de beneficios.
Todo indica que se debe mejorar el sistema de licencias médicas por medio de una reforma sustantiva y urgente. Creemos que se debe avanzar hacia una nueva institucionalidad, que en términos de gobernanza sea independiente, con financiamiento propio, y que efectúe las funciones de recepción, administración y pago de las licencias médicas. Caso contrario, el sistema seguirá siendo ineficiente y mal utilizado recursos que podrían destinarse a otros fines, en beneficio de la población.
