Crisis en hospitales públicos

Una paralización de los funcionarios del Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso, permitió visibilizar la dramática situación por la que atraviesa este recinto. Sus dirigentes denunciaron la suspensión masiva de cirugías y de tratamientos oncológicos, todo ello debido a la falta de insumos y medicamentos por el no pago a proveedores. Esto se explicaría por una deuda de arrastre tras la pandemia y el retraso en la llegada de una remesa de fondos programada, por parte del Ministerio de Salud.

Parlamentarios de la Comisión de Salud del Senado -que acordaron citar a una sesión especial para analizar la situación de los principales hospitales autogestionados del país- reconocen que este hospital está funcionando en condiciones de “batalla”, y la dramática situación que allí se vive no parece ser la única, pues han existido denuncias en orden a que distintos hospitales del país atraviesan por condiciones similares. A esta caótica situación se suma la crisis por la que atraviesan empresas proveedoras de insumos médicos, las que denuncian la existencia retrasos en los pagos por parte del sector público y una ostensible caída en las adquisiciones, todo lo cual va configurando una suerte de tormenta perfecta.

Esta vergonzosa realidad no es nueva. Ya en enero de 2020 el Colegio Médico de Valparaíso denunciaba la falta de medicamentos básicos en los centros de atención primaria de la región, la ausencia de insumos especializados para cirugías, así como graves fallas en la mantención de la infraestructura hospitalaria. Cada cierto tiempo surgen denuncias de hospitales que deben paralizar cierto número de quirófanos o postergar atenciones, precisamente por la falta de recursos o por abultadas deudas de arrastre.

Una situación tan escandalosa como ésta requiere de explicaciones por parte de la autoridad de Salud, así como de Hacienda, porque no es entendible que cuando los recursos para salud han venido aumentando sostenidamente en el tiempo, aun así se llegue a situaciones límites como las que se han denunciado. Procurar los recursos suficientes al menos para asegurar la continuidad de las prestaciones es lo mínimo, pero también esta crisis está dando cuenta de graves problemas de gestión que llevan años arrastrándose, sin que se le ponga atajo.

La salud pública ya debe lidiar con las abultadas listas de espera que, más allá de que se hayan logrado algunos avances en los tiempos de espera, al mes de junio las consultas pendientes de nueva especialidad médica y odontológica No Ges llegaban a 2,5 millones de registros, mientras que en el caso de las cirugías el número supera las 365 mil. Todo esto tiene un evidente impacto sobre la salud de la población, que ve afectado gravemente su derecho a la atención de salud; que además algunos recintos presenten situaciones de colapso producto de fallas en la gestión solo amplifica el problema, creando una situación profundamente injusta para los pacientes.

Ninguna autoridad parece estar asumiendo la responsabilidad por este indignante cuadro, lo cual justifica que los parlamentarios, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, investiguen con celeridad y exhaustivamente las razones de esta crisis y hagan valer las responsabilidades cuando así lo amerite. Esto también debe constituir un profundo llamado de atención sobre el gobierno, cuya preocupación en el último tiempo ha parecido excesivamente centrada en cómo reformar el sistema de salud privada, cuando es evidente que el mayor problema está precisamente en la salud pública, donde se atiende la mayoría de los chilenos.