Crisis institucional, ergo reforma constitucional

Las crisis institucionales de las que hemos sido testigos en los últimos meses nos demuestran en primer lugar, que los sistemas humanos no son perfectos; y en segundo lugar, que es necesario generar cambios de fondo en nuestras reglas de convivencia.

Los escándalos que golpean a la clase política, a la Iglesia Católica, a los pastores protestantes, empresarios, carabineros y militares, a fiscales y jueces nos deben llamar a reflexionar y a buscar formas de mejorar nuestras instituciones. Una encuesta reciente nos confirma este hecho, con un aumento alarmante de la desconfianza hacia las instituciones y la mirada del momento actual como el de un país en crisis, con mayúsculas. Esto se traduce en bajo compromiso ciudadano con las instituciones republicanas, en parte porque no hay interés en respetarlas, dado el comportamiento de algunos de sus representantes.

El necesario análisis reflexivo sobre esta crisis se está empezando a dar en el ambiente académico, y de él esperamos que surjan propuestas que permitan enfrentarla desde distintas disciplinas y áreas del conocimiento. Desde el Derecho, el análisis nos conduce hacia la necesidad de una nueva Constitución para Chile, proceso que fue iniciado desde la reforma del año 2005, al menos desde el año 2008, y que hoy se encuentra como un proyecto en primer trámite constitucional en el Congreso.

Que el cambio de Constitución no llame a la alarma pública. En más de la mitad del mundo, casi doscientas constituciones nacionales, han sido cambiadas sustancialmente en los últimos 30 años. Por esto, pensar en una nueva Carta Fundamental para Chile, que reemplace a una nacida en dictadura, no es algo descabellado. Menos aún cuando hay un proceso constituyente, institucional y democrático en marcha que se inició en el año 2015 y en el que participaron más de 200 mil personas mayores de 14 años.

Para llegar a constituirse en una nueva Constitución chilena en democracia estas propuestas deberán cumplir con algunas premisas básicas que permitan avanzar en la superación de esta crisis, como el reconocimiento de los pueblos originarios, un nuevo concepto de Fuerzas Armadas y de seguridad nacional; la organización más coordinada de un nuevo Poder Judicial, un nuevo Tribunal Constitucional; una revisión prodemocrática de las autonomías constitucionales; la garantía y promoción más efectiva de los derechos económicos y sociales, de entre otras importantes materias.

Esperamos que la discusión sobre la nueva Constitución sea retomada por los parlamentarios y las instituciones representativas del país y que recoja las inquietudes planteadas en el proceso constituyente. Desde ya, un encuentro en el Senado en los próximos días será el escenario adecuado para avanzar en este tema.