Crisis política en Ecuador

Ecuador enfrenta la peor crisis política en más de una década luego de que la semana pasada el Presidente Lenín Moreno anunciara una serie de medidas para corregir los desequilibrios fiscales que afectan a la economía ecuatoriana. El Mandatario anunció entre otras disposiciones la eliminación de los subsidios al combustible -lo que produjo en algunos casos un alza de hasta el 123%, la reducción de un 20 % en los sueldos de los trabajadores con contratos temporales en la administración pública y la rebaja de los días de vacaciones legales de los empleados públicos de 30 a 15, junto con una serie de incentivos tributarios y el aumento del número de familias beneficiadas por los distintos bonos que entrega en Estado. Solo en los subsidios a los combustibles el gobierno ahorraría -según estimaciones de las propias autoridades ecuatorianas- hasta US$ 1.400 millones anuales, equivalentes a poco más de un tercio del déficit fiscal acumulado a junio pasado.

Con el paquete de medidas, el Mandatario busca sincerar la realidad de la economía ecuatoriana y, como dijo al anunciarlas el 1 de octubre pasado, dar cuenta de "decisiones postergadas durante décadas". Pero también pretende cumplir una serie de exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el país acceda a créditos por US$ 4.200 millones, indispensables para enfrentar los graves problemas de liquidez que afectan a la economía ecuatoriana. Desde su llegada al poder en 2017, el Mandatario ecuatoriano dio un giro a la línea seguida por su antecesor, mostrando una mayor responsabilidad fiscal y adoptando una serie de medidas acertadas para revertir los severos desequilibrios en las finanzas públicas heredados tras una década de políticas populistas. Y, en ese sentido, el paquete anunciado la semana pasada resulta indispensable para "mejorar la resilencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana", como dijo el FMI.

No obstante lo anterior, las disposiciones -y en especial la referida al fin de los subsidios al combustible- desataron violentas protestas de los gremios de transportistas que llevaron al gobierno a decretar estado de excepción. A ello se sumó el reclamo de los movimientos indígenas -un poderoso grupo de presión, históricamente, en ese país-, que marcharon hacia la capital, llevando al Presidente a trasladarse a Guayaquil y denunciar un intento de golpe de estado. Pero pese a las declaraciones de Moreno, apuntando a Rafael Correa y al Presidente venezolano Nicolás Maduro de estar detrás de las protestas, lo cierto es que la violenta reacción observada en los últimos días parece responder más bien a errores de cálculo del gobierno, que no midió adecuadamente los efectos de las medidas. El Mandatario aún cuenta con una importante cuota de apoyo político y el respaldo de las Fuerzas Armadas, pero un agravamiento de la situación podría cambiar ese panorama. Por ello, la solución a la crisis debe pasar por el diálogo y no por medidas de fuerza que puedan terminar revirtiendo el camino seguido hasta ahora, indispensable para ordenar las finanzas públicas y reimpulsar la economía ecuatoriana.