Criterios rectores en materia de política comercial

La consulta ciudadana que se encuentra preparando el gobierno a fin de recoger percepciones de la sociedad civil y el mundo empresarial para delinear la futura estrategia de política comercial ha abierto un inesperado flanco de críticas, en particular cuando uno de los objetivos que se persigue a través de este instrumento es “legitimar” las decisiones que se tomen en este ámbito.

Apenas salieron a la luz pública los planes de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales en relación con esta consulta -información que fue adelantada por este medio-, varios excancilleres, académicos así como parlamentarios han salido a cuestionar o cuando menos a interrogarse respecto a la pertinencia de esta medida, en especial cuando la autoridad da a entender que la política comercial que ha seguido el país por décadas carece de la legitimidad suficiente, a pesar de que ella es conducida directamente por el Presidente de la República, y los tratados comerciales deben ser ratificados por el Congreso Nacional, es decir, se cumplen todos los estándares de legitimidad que una democracia podría demandar.

Resulta insólito que respecto de esta consulta ciudadana el propio ministro de Hacienda haya sido sorprendido, señalando que no estuvo informado de esta decisión, y que habría sido preferible que ello se hubiera sensibilizado antes al interior del gobierno. En tal sentido, es acertado que haya clarificado que “los tratados comerciales de Chile han sido aprobados por este Congreso, todos los tratados que están vigentes. En el futuro con seguridad seguirá ocurriendo lo mismo, de manera que aquí hay esa base institucional democrática que es bien sólida y bien evidente”.

Era importante que se diera esa clarificación, porque de acuerdo con la propuesta que dio a conocer la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales no solo se pone en entredicho la legitimidad de la política comercial hasta ahora, sino que ésta podría quedar sujeta en el futuro a consideraciones ajenas a lo técnico o fuera de los procedimientos institucionales establecidos para ello.

Las explicaciones de la ministra de Relaciones Exteriores -quien salió al paso de la polémica-, en cuanto a que se trata de una consulta acotada, que se llevará a cabo a través de canales virtuales y en donde participarán fundamentalmente empresarios, gremios y organizaciones de la sociedad civil, con opiniones que no serán vinculantes sino que servirán de insumos para la discusión, si bien no despejan el porqué una materia de esta envergadura no fue debatida más ampliamente dentro del gobierno, ponen límites a dicho proceso, pero aún más relevante es que también haya ratificado que los tratados de libre comercio se legitiman en el Congreso.

Sin perjuicio de que forma parte del programa del gobierno revisar los tratados comerciales ya suscritos por Chile, si bien buscando que sean revisiones de común acuerdo con las respectivas contrapartes, no cabe aquí abrir más incertidumbres de las que ya rondan en la compleja escena local e internacional, por lo que cabe esperar que las definiciones que se entregaron desde Hacienda y Relaciones Exteriores efectivamente serán los criterios rectores, sin margen para la improvisación o equívocos.