SEÑOR DIRECTOR:
Hace pocos días, la Red Chilena contra la Violencia informó que solo en 2023 se registraron 18.881 casos de violencia sexual en el país, de los cuales 4.477 correspondieron a violaciones. Estas cifras equivalen a 51 agresiones diarias, aproximadamente una cada 28 minutos. Sin embargo, la atención pública no está puesta en la gravedad de estos números, ni en las víctimas, sus procesos judiciales o las medidas de protección que adoptamos como sociedad para prevenir e investigar los hechos.
Hoy, todas las miradas están centradas en el caso Monsalve, pero no precisamente en su víctima. Por un lado, el debate público se concentra en el momento en que el gobierno se enteró de los hechos y cuántas horas pasaron entre sus decisiones o indecisiones. Por otro, en evaluar el rol de las ministras de Estado y el llamado “feministrómeno” para evaluar su desempeño.
La escasa atención que se da a la víctima no gira en torno a su estado de salud o bienestar emocional, sino a especulaciones sobre su grado de consciencia o, peor aún, al recurrente y revictimizante cuestionamiento de por qué las mujeres “se exponen de esa manera”. Todo esto mientras se filtran antecedentes y videos que deberían ser estrictamente confidenciales.
La victimización secundaria comprende todas las consecuencias negativas que sufren las personas al interactuar con el proceso penal. La reproducción de estereotipos, la exposición de información privada y la difusión de antecedentes reservados son prácticas que, además de generar un inmenso dolor en las víctimas, se convierten en un claro desincentivo para denunciar.
Al final, más allá del morbo y la politiquería, parece que a nadie le importan las víctimas. Constatar esta triste realidad, en un país que ha avanzado tanto en legislación sobre violencia de género, resulta profundamente desolador.
Danitza Pérez Cáceres
Investigadora del Programa de Reformas Procesales y Litigación UDP
