Por Manuel Agosin, FEN Universidad de Chile
La entrada en cuarentena de casi toda la Región Metropolitana ha dejado al descubierto que la estrategia de ayuda a las familias más necesitadas no está a tono con lo que se necesita, ni en tamaño ni en rapidez. No se le puede exigir a la población más necesitada que guarde confinamiento sin primero entregarle una ayuda económica para subsistir.
Así las cosas, no es sorprendente que ya estemos presenciando explosiones sociales, tal como ocurrió el lunes 19 de mayo en la comuna de El Bosque y días más tarde en La Pintana y Cerrillos. En el mejor de los casos, la gente no va a respetar las cuarentenas y va a incrementarse el contagio. En el peor, tendremos una explosión social de consecuencias imprevisibles.
Los problemas de subsistencia afectan incluso a personas de bajos ingresos fuera de las regiones que están en cuarentena pero que han perdido su empleo -formal o informal- y cuyas remuneraciones no han sido reemplazadas por ayuda pública, ni en dinero ni en especie. Dichas ayudas no cubren el universo de familias de bajos ingresos. Las familias con ingresos a fines de 2019 menores a los $950.000 mensuales son aproximadamente cuatro millones. Ellas representan el 60% más pobre de los hogares chilenos. La ayuda de emergencia a las familias aprobadas por el Congreso alcanza a poco más de un millón de hogares y, por lentitud en la entrega, una proporción de ellos no ha recibido nada. Lo que es peor, la logística de hacerles llegar cajas de alimentos es bien compleja y solo puede retardar la ayuda. Mejor habría sido depositarles a los jefes de hogar un monto de $300 o $400 mil mensuales para cada hogar en la cuenta RUT que potencialmente tienen todos los chilenos en el BancoEstado.
Los recursos comprometidos en todo tipo de ayudas han sido bastante magros hasta el momento. Los paquetes fiscales anunciados representan apenas el 0,5% del PIB. Por otro lado, las pérdidas de ingresos fiscales por medidas de postergación de impuestos suman 1,5% del PIB; lo que da un total de 2% del PIB.
El Estado bien puede utilizar los fondos soberanos o endeudarse por unos US$ 12-15 mil millones adicionales (3-5% del PIB), para que su asistencia a los más necesitados sea efectiva. La deuda pública neta es aún relativamente baja y, por el momento, los mercados internacionales de bonos están abiertos para Chile. El mayor endeudamiento estaría destinado a reemplazar un porcentaje de los ingresos de los chilenos más necesitados y para tener un colchón de reserva para enfrentar las incertidumbres que emanan de la pandemia.
No sabemos cuánto tiempo durará la presente ola de infecciones, ni tampoco si luego vendrán otras. Podemos y debemos hacer más.
