Cuestionable declaración de apoyo a Cristina Fernández

El inicio de la fase oral del proceso contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y otras 12 personas –entre las que se incluye el ex ministro de Planificación Julio de Vido- por las supuestas irregularidades cometidas durante la asignación de proyectos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, ha generado preocupantes reacciones tanto internas como a nivel internacional, que vuelven a dejar en evidencia no solo las razones de la debilidad institucional transandina sino en parte también de la que afecta a varios países de la región.

Tras más de seis años de investigación en la causa, los fiscales acusaron el lunes pasado, en el comienzo de la etapa final del proceso, a la expresidenta trasandina de los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio del fisco. En total los persecutores estimaron que el monto defraudado llega a casi US$ 1.000 millones. Por todo ello, se solicitó a la corte una condena de 12 años de cárcel e inhabilidad de cargos públicos para la actual vicepresidenta.

La presentación de cargos fue solo la apertura de un juicio oral que podría extenderse hasta fines de año y durante el cual todas las partes –como lo establece el procedimiento penal trasandino- podrán intervenir. Las defensas de los acusados tienen asignados sus turnos para presentar los descargos a las acusaciones hechas por la fiscalía. Una vez que eso concluya el tribunal estará en condiciones de pronunciarse. Pese a ello, la vicepresidenta salió solo horas después a refutar las acusaciones y calificar el proceso como una farsa y “un juicio al peronismo”.

El propio Presidente trasandino, desafiando el fundamental respeto a la separación de poderes en todo régimen democrático, también cuestionó el proceso a través de un comunicado oficial en el que se denuncia una supuesta “persecución judicial” contra Cristina Fernández y se acusa a “distintos medios de comunicación” de promoverla. Y más grave aún, impulsó una declaración firmada por otros tres mandatarios de la región -los presidentes de Colombia, Bolivia y México-, denunciando un supuesto intento de sus adversarios por eliminar contrincantes políticos.

En el documento se desacredita el proceso judicial que se lleva a cabo en Argentina, pese a que éste ha avanzado según lo establecido en el ordenamiento institucional y de acuerdo a lo determinado por el procedimiento penal vigente. Y sin entregar evidencia alguna, se denuncia una supuesta persecución política cuyo objetivo, dicen, es “apartar de la vida pública, política y electoral” a Cristina Fernández de Kirchner con “el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”, apuntando a sus adversarios políticos y a algunos medios de comunicación.

Se trata de un camino peligroso que instala un manto de dudas sobre la institucionalidad judicial trasandina sin medir las graves consecuencias que ello puede tener no solo a nivel interno sino también regional. En ese sentido, es valioso destacar que el mandatario chileno no se haya sumado a esa tesis. Todo sistema democrático se sustenta en la sana separación de poderes, que es necesario cuidar y reforzar si fuera necesario, dentro del marco institucional. Alimentar sin sustento tesis que abonen teorías conspirativas solo termina minando la propia democracia.