Por Sebastián Izquierdo, coordinador académico CEP
Muchas escuelas del país han estado con cierres prolongados y repetidos desde el inicio del Covid-19, lo que ha terminado con crecientes costos psicosociales, pérdidas de aprendizajes y riesgos de exclusión escolar. El virus ha sido transversal, pero no ha contagiado a todos por igual, pues las brechas entre los más vulnerables y los de mejor situación se han profundizado con fuerza. ¿Qué haremos frente a esta catástrofe educacional? No cabe duda de que la educación está siendo desafiada, y eso muy bien lo saben la mayoría de los docentes, quienes, en favor de sus estudiantes, han tenido que ser capaces de ir adecuando audazmente sus prácticas pedagógicas. Por lo mismo, uno esperaría que el Colegio de Profesores saliera con más ímpetu a luchar no solo por las condiciones laborales de quienes conforman el gremio, sino para cumplir su importante rol en los desafíos que nos ha dejado la pandemia.
Mas no. Lo cierto es que ha dejado bastante que desear. No lo digo solo por su negativa a reabrir las escuelas incluso cuando se daba la posibilidad de hacerlo en cuarentena; tampoco por su peculiar oposición al proyecto de kínder obligatorio, el cual no buscaba otra cosa que aportar a la educación desde la primera infancia; ni por el recurrente freno que ponen a la desmunicipalización, sin siquiera presentar una alternativa razonable para el proceso. La gota que rebalsó el vaso fue el reciente rechazo -con un paro y una marcha- al intento por parte del Ejecutivo de revertir, mediante un veto supresivo en la Cámara de Diputados, una iniciativa legal que busca modificar erradamente el Estatuto Docente. Su modernización en 2016 significó una transformación al sistema de desarrollo profesional docente, considerando su formación inicial y carrera; mejores condiciones laborales (entre ellas, se aumentaron significativamente las remuneraciones), junto con promover más opciones de capacitación y especialización.
Lamentablemente, si contamos con la ratificación del Senado, se estaría aprobando destruir un pilar fundamental de dicha modernización al Estatuto Docente, el que tiene que ver con permitir que profesores reiteradamente mal evaluados -tres evaluaciones consecutivas durante 12 años- continúen haciendo clases sin importar su mal desempeño, eliminando así una causal de despido justificado que la ley hoy contempla. En términos simples, un profesor que tiene un mal desempeño podrá impunemente entorpecer el proceso de aprendizaje de miles de estudiantes, convirtiéndose en un obstáculo para las aspiraciones del resto de su comunidad.
¿Por qué anteponer las exigencias de un gremio frente al derecho de los niños? ¿Cómo revertir el pobre reconocimiento social de la docencia? Al parecer, hay luces de esperanza, pues un nuevo gremio de docentes (Aseduch) está emergiendo para alejarse de la representación del actual Colegio de Profesores; dicen no sentirse representados con su repetida actitud negativa y nada propositiva en el retorno a clases, lo que ha llevado a que este protagonista de la historia -que fue héroe para muchos-, pase a ser el antagonista del que ya estamos cansados.
