Por Juan Ignacio Brito, periodista
La proverbial ineptitud del actual gobierno para enfrentar el conflicto mapuche está costando aún más sufrimiento. La acción de grupos que atacan a mansalva no es un hecho nuevo en la zona; tampoco lo es la vacuidad de una administración inútil que afirma sentirse indignada, promete perseguir a los culpables, presenta querellas contra los que resulten responsables, declara zona de emergencia, envía delegados a la zona y dice apoyar a las víctimas, pero que es continuamente sobrepasada.
A Sebastián Piñera se le ha acusado constitucionalmente dos veces. Según mi opinión, la primera de manera injustificada y la segunda con méritos. Sin embargo, donde sí ha comprometido gravemente la seguridad de la Nación es en la incapacidad del gobierno que encabeza para poner orden en la Macrozona Sur. Allí la situación se le escapó de las manos de forma inexcusable. La administración Piñera ha sido negligente en muchos ámbitos, pero en ninguno como en el conflicto mapuche, donde pasó de un extremo a otro: desde la hiperventilación del “comando jungla” que condujo al caso Catrillanca a la inacción endulzada con verborrea que explica el desastre actual.
Los violentistas lo saben y por eso la sangre derramada en los atentados de esta semana ya no es un mensaje para este gobierno militar y moralmente derrotado, descartable como interlocutor. Ahora el mensaje a punta de balas va dirigido a la administración que asumirá en marzo.
Con más buenismo que realismo, el presidente electo ha sostenido que el diálogo es su receta para salir del atolladero de asesinatos, ataques, tomas ilegales, incendios de predios, impuestos revolucionarios, quemas de iglesias, amedrentamiento y miedo en el que se halla sumida la Macrozona Sur. Su oferta ha sido respondida por la vía de los hechos: el recrudecimiento de los atentados, los homicidios del martes y el ataque de ayer contra un camionero constituyen un no rotundo al diálogo.
Quizás el gobierno entrante caiga en la tentación de ganar tiempo con ofertas de diálogo mientras la Convención Constitucional se encarga del problema, proponiendo, por ejemplo, un estado plurinacional con grados de autonomía para los mapuches. Pero eso sería una irresponsabilidad que seguramente costaría más muertes de inocentes. Es obvio que los violentos quieren radicalizar la situación en el sur para forzar al Estado a rendirse ante sus demandas.
Frente a esa amenaza, la solución no es un diálogo inconducente que maquille con buenas intenciones un desastre obvio, sino la aplicación irrestricta de la ley. Aún no se conoce una propuesta concreta del nuevo gobierno para el conflicto mapuche. Lo que es claro es que, si llega a improvisar y cree que bastará con la pura buena onda, será arrollado de la misma vergonzosa manera que el Ejecutivo saliente.
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