De pro consumidor a anti consumidor

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El proyecto de ley Pro Consumidor, que actualmente se discute en Comisión Mixta, tuvo en su origen el propósito de identificar medidas regulatorias o administrativas que favorecieran a los consumidores en su relación -muchas veces asimétrica- con las empresas proveedoras. De esta manera se avanzó en regular las ventas de pasajes aéreos, disponer las recetas médicas en línea, aumentar la garantía de los bienes durables, igualar las condiciones para contratar o dar de baja un servicio, entre otros múltiples avances.

No obstante, una moción de un diputado ha transformado esta iniciativa en un proyecto anti consumidor. El texto incorporado en la ley, que fue rechazado en tres oportunidades por la comisión de Economía de la Cámara y del Senado, prohibiría entregar descuentos exclusivos asociados a un medio de pago. Esta norma, que sería única en el mundo, va en directo perjuicio de los consumidores como muy bien lo han expresado la FNE, el Sernac, expertos de distintas disciplinas y diversas asociaciones de consumidores.

Más allá de las consideraciones de fondo, la indicación tiene tres errores técnicos graves que debieran alertar a la Comisión Mixta a corregirlas. En primer lugar, no queda claro quién es el sujeto obligado ya que el texto menciona al proveedor de servicios financieros, en circunstancias que el que efectúa el descuento es en realidad el comercio. Un segundo aspecto que no queda bien definido en la moción parlamentaria es qué se entiende jurídicamente por “empresa relacionada”, no especificando si se trata de una relación patrimonial o comercial. En tercer lugar, el proyecto considera a todos los medios de pago, lo que incluye las tarjetas de débito y prepago, estableciendo el sinsentido de prohibir descuentos asociados a medios que en la práctica equivalen a pagar en efectivo, lo que desincentivará el uso de medios de pagos electrónicos.

Pero quizás lo más relevante es averiguar qué piensan los propios consumidores, opinión que no ha sido considerada en la tramitación legislativa. Un estudio realizado por la empresa Criteria deja claro el sentir de las personas. El 64% de los consumidores está de acuerdo con que existan descuentos exclusivos, cifra que sube al 71% entre quienes tienen tarjetas de crédito, débito o prepago. El 69% de quienes tienen un medio de pago electrónico considera “algo injusto” o “muy injusto” que una vez aprobada la ley –y de validarse la tesis del diputado impulsor de la iniciativa- solo las tarjetas bancarias puedan ofrecer descuentos adicionales y no las del comercio.

Urge entonces que algunos integrantes de la Comisión Mixta permitan la unanimidad, dejando atrás posiciones preestablecidas y abran la discusión para corregir estos errores técnicos tan evidentes, pero sobre todo para evitar legislar de espaldas a los propios consumidores.

El autor es vicepresidente ejecutivo del Retail Financiero A.G.

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