Vivimos en un mundo con los pies para arriba, donde una ex ministra comunista y del Trabajo -además-, tiró a la papelera décadas de lucha legislativa y social al criticar a un diputado por ganar sueldo “a costa de todos los chilenos”.

Se trata de Jeannette Jara, quien con eso intentó sacarse de encima las críticas del diputado ultraderechista Johannes Kaiser, quien la acusó -a su vez- de haber hecho campaña como ministra, o sea, con recursos públicos.

Con esto, Jara retrotrae el debate del país a 1924, cuando fue un parto plantear una nueva Constitución que incluyese la dieta parlamentaria, con el propósito de incluir en la política a la gente que vive de su trabajo y no de sus rentas, como pasaba cuando el Congreso estaba cerrado a grandes señores que no necesitaban trabajar.

La medida abrió el abanico político y permitió -entre otras cosas- el ingreso de comunistas al Congreso, quienes históricamente provenían del movimiento obrero, y cuyo origen actual parece haberse desdibujado, a partir de la falta de sensibilidad y conocimiento de su actual abanderada.

Esto sin contar su torpeza, pues al pedirle a Kaiser que no haga política y cobre por ello -que es básicamente el trabajo de cualquier congresista-, pone en jaque a su aliado Gonzalo Winter, también candidato presidencial y diputado frenteamplista. Y -si se extrema el argumento- a todos los congresistas habilitados para ser reelectos, pues ¿cuál es la diferencia desde la perspectiva de los recursos públicos si se trata de una campaña presidencial o una parlamentaria?

De hecho, la legislación reconoce implícitamente a los parlamentarios su condición de candidatos, pues pueden presentarse a reelecciones sin renunciar y no pierden su condición de congresistas si es que pierden una elección presidencial y son senadores en la mitad de su periodo. Esto, pues el legislador supone que su trabajo es la política, que los comicios son parte fundamental de la misma y quienes los evalúan, son los electores. Esto, sin contar el carácter irrenunciable de los cargos parlamentarios (algo que también Jara sugirió cambiar), lo que se justifica para evitar que presiones externas produzcan renuncias que alteren la soberanía popular.

No es el caso de los ministros -como Jara-, cuyos cargos dependen del Presidente de la República, y quienes manejan ingentes recursos públicos, a quienes se les pide renuncias anticipadas si es que quieren competir en elecciones no presidenciales, para evitar que usen dichos recursos -diametralmente superiores a sus sueldos- en campañas o contra eventuales competidores.

El debate sobre los emolumentos a los políticos que conquistan cargos de representación popular, siempre han tenido tintes populistas por parte de la izquierda, pero a eso hay que agregar un fuerte instinto de autolesión, pues supone que el trabajo político no merece retribución, o que esta es muy alta, lo que es indicativo de autodesprecio por la propia labor, con el resultado de su total devaluación ante la ciudadanía.

En eso Jara no está sola. Marco Enríquez-Ominami -el hijo del fundador del MIR, Miguel Enríquez- cuenta, para conminar a que Kaiser haga lo mismo, que donó su sueldo como diputado cuando fue candidato presidencial, sin que sepamos cómo se mantuvo. Y ahora, el diputado y carta DC a la Presidencia, Alberto Undurraga, plantea renuncias parciales a la dieta, según si las actividades son de campaña o propias del trabajo legislativo. Como si el trabajo legislativo no fuera la campaña misma.

Un escenario de locos, donde la izquierda no sólo señala que la política camina en favor de aquellos que no necesitan trabajar, sino donde ellos mismos traslucen sus privilegios de renta.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile.