Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo
Al menos US$ 6.640 millones se destinan anualmente a programas públicos de mal desempeño. Esta cifra equivale a financiar por 9 meses el Ingreso Familiar de Emergencia que se pagó en agosto a 7,7 millones de beneficiarios. Es lo que arroja un análisis de las evaluaciones que encarga la Dipres desde 2011 y que, aunque cada año cubren menos del 5% de las iniciativas existentes, constituyen un valioso insumo para la toma de decisiones. Si bien de una mala evaluación no necesariamente se sigue que un programa deba ser eliminado, esta abultada cifra nos entrega luces sobre la magnitud de los recursos públicos que hoy requieren de una mejor gestión.
Esta información sugiere además la relevancia que tiene el debate del presupuesto 2021 que se inicia esta semana en el Congreso. Así lo ha entendido el Ministerio de Hacienda que, debido a la mayor estrechez fiscal y a las problemáticas sociales agravadas durante la pandemia, ha realizado un esfuerzo especial por revisar críticamente cómo se está gastando cada peso y por detectar ineficiencias que permitan liberar recursos para reorientar hacia nuevos requerimientos y prioridades. Se trata de un tema clave, pues la caída en los ingresos y el aumento en el gasto durante el último año han eliminado cualquier holgura al interior de las arcas fiscales. Frente a ello, la única forma de mejorar los beneficios para la ciudadanía es aumentar la eficiencia de la gestión pública y reordenar las prioridades. Esto es, hacer más y mejor con lo mismo.
El gobierno ha desplegado esfuerzos en ese sentido, rompiendo la inercia y proponiendo una modesta pero inédita reasignación de recursos (de un 3,1% del gasto total). Esto es una buena noticia, pero es apenas un primer paso. Sin el apoyo del Congreso y la oposición no será posible avanzar. ¿Habrá disposición a modificar, reducir o incluso eliminar programas poco atingentes o que exhiban un mal desempeño? ¿Existirá el coraje necesario para resistir la presión de grupos de interés que suelen oponerse a los cambios que afectan el derecho adquirido que estos creen tener sobre los recursos públicos?
Hoy gran parte del país está abocado al eventual debate constitucional. No obstante, antes de decidir qué nuevos derechos sociales añadir a la Constitución o qué nuevos beneficios ofrecer a la ciudadanía, urge asegurar que los que ya están comprometidos puedan financiarse y materializarse de manera eficaz. Sin acciones decididas en esa dirección, todo lo demás quedará en letra muerta y la insatisfacción de la población seguirá creciendo. No será posible mejorar la calidad de los servicios públicos y los beneficios estatales, en tanto no se reduzca el derroche y se instauren mecanismos que posibiliten una mayor eficiencia.
En ese contexto, el debate presupuestario de este año nos servirá para verificar en qué medida la clase política está dispuesta a asumir ese desafío con responsabilidad, algo así como una antesala de la discusión constitucional.
