Por Soledad Alvear, abogada
La Constitución impuesta por la dictadura en 1980 establecía, en lo político, un cesarismo presidencial bajo tutela militar, con un Consejo de Seguridad Nacional, en un sistema que denominaban “democracia protegida”. Se caracterizaba por diversos amarres autoritarios, como los senadores designados, la leyes de quórum supramayoritarios, el sistema binominal, entre otros; y en lo económico, un Estado mínimo y una muy deficiente protección de los derechos económicos, sociales y culturales, en donde el acento estaba puesto más bien en las libertades de elección que en la protección de los derechos mismos.
Muchos de estos elementos fueron modificados por la persistente voluntad de los gobiernos democráticos, a partir de 1990, que permitió que se aprobaran diversas reformas constitucionales, con la más integral en 2005. Sin embargo, la cuestión de la legitimidad de la Constitución permaneció, lo que hizo necesario insistir en la idea de contar con un nuevo marco constitucional que nos interpretara a todos. Este proceso se plasmó en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que abrió las puertas a la elaboración de una nueva Constitución, lo que fue aprobado por la ciudadanía con un 80% de los votos.
Hace algunas semanas se han comenzado a debatir en comisiones de la Convención las primeras iniciativas constitucionales de norma, y hemos sido testigos del debate y aprobación en general de propuestas maximalistas y radicales defendidas por grupos de convencionales que más bien quieren imponer puntos de vista que buscar acuerdos transversales, no importando que luego no reúnan los 2/3 del pleno. Parece que en estos grupos impera la lógica del “tejo pasado” o de “correr a toda costa el cerco”, animados por lograr una Constitución de revancha a la de 1980. Si ello tuviese éxito (lo que esperamos, no ocurra), el nuevo texto constitucional tendría el mismo defecto que el anterior, no gozaría de la imprescindible legitimidad.
Estamos convencidos que la nueva Constitución debe ser realmente la casa común en la cual quepamos y nos sintamos plenamente identificados todas y todos y que sea, entonces, capaz de despertar lo que se ha llamado el patriotismo constitucional. Para ello resulta indispensable que, desde ya, en el debate y votación de las comisiones se trate afanosamente de llegar a los acuerdos más amplios, con participación de todos los sectores y no atrincherarse en posiciones particulares que se impongan en votaciones divididas, a sabiendas que lo acordado no logrará reunir los 103 votos que son necesarios en el pleno, para aprobar cualquier inciso de la nueva Constitución.
Al concluir de escribir esta columna he escuchado la intervención del vicepresidente de la Convención que hace un llamado a ponernos de acuerdo, lograr los amplios consensos y no persistir con iniciativas que todos sabemos que lo más probable que no conciten el apoyo suficiente. Para ello, la mesa de la Convención ha convocado a todos los colectivos representados en ella. Es un llamado a la esperanza que esperamos encuentre eco.
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