Un decálogo para avanzar a un nuevo modelo

9 dic 2019 12:15 AM

La revuelta social de fines de 2019 puso en cuestión las herencias neoliberales en el llamado "modelo chileno", especialmente el paradigma del Estado mínimo y de los mercados destinados a regir todas las esferas posibles (y algunas en definitiva imposibles como la educación, la salud, los ingresos basicos y las pensiones) de la vida económica y social.

Hoy muchas más personas consideran (¿una amplia mayoría?) que se deberá partir de otra base valórica e institucional para legársela a las nuevas generaciones. Esta es la de una comunidad que se constituye políticamente a través de una democracia política participativa y descentralizada, no condicionada por las oligarquías económicas sino sustentada en la soberanía de ciudadanas y ciudadanos. Se entiende que esta democracia no debe ser "protegida", sino una en la que todos los actores acepten el principio de mayoría y el ejercicio del gobierno y la alternancia en el poder según ese principio. Y esta democracia debe consagrar con firmeza la separación de poderes para evitar arbitrariedades de quienes ejercen temporalmente funciones ejecutivas y/o con capacidad de coerción sobre los ciudadanos y ciudadanas. Su base de acuerdo común debe ser el reconocimiento de la dignidad humana, de la diversidad y de las libertades individuales, así como la lucha activa contra toda discriminación y el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios.

La base económico-social de un nuevo modelo debiera ser una economía mixta en la asignación de recursos y en la propiedad de los medios de producción. Se deberá aplicar un principio de subsidiariedad inversa al promovido por los neoliberales: dejar al mercado o a la economía social y solidaria solo lo que al Estado no le es necesario o muy costoso hacer, en vez de dejar al Estado solo lo que el mercado no puede hacer. En virtud de este principio, deberá en el futuro inevitablemente existir una prevalencia del Estado para garantizar el interés público en:

La orientación de la política monetaria, cambiaria, fiscal y de ingresos para alcanzar el pleno empleo, con lógica contracíclica, y una distribución más equitativa del ingreso que la que resulta del funcionamiento de los mercados. Esto supone recaudar tributos suficientes y progresivos, con mayor contribución de las personas de muy altos ingresos y equidad territorial, además de la fijación de precios claves como el salario mínimo y las tarifas de servicios básicos, junto a la determinación de las normas de trabajo y de la negociación colectiva y participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
La planificación estratégica de la transición a una economía circular diversificada, la agregación sostenible de valor y la inserción selectiva en cadenas globales de producción y prestación de servicios (apoyada en un fortalecimiento sustancial de la investigación, desarrollo e innovación productiva), junto a la fijación de precios sociales ambientales (a través de impuestos al daño ambiental y otros instrumentos) para asegurar la sostenibilidad del uso de recursos y la resiliencia de los ecosistemas y de los bienes comunes.
La planificación estratégica de las grandes infraestructuras y de los espacios urbanos y rurales como bienes públicos y con sentido de fomento productivo socialmente integrador y ambientalmente sostenible, junto a la regulación estricta del uso del suelo y de las prácticas de especulación inmobiliaria que segmentan socialmente las ciudades.
La desconcentración de la propiedad, mediante el traspaso de parte importante de las herencias a fondos públicos de administración de capitales con criterio social y ambiental, y la promoción del acceso de los jóvenes a la actividad empresarial con responsabilidad social y ambiental mediante un capital inicial que progresivamente se universalice.
La desconcentración de los mercados, con fuertes mecanismos anticolusión y de defensa del consumidor, además de la promoción de la pequeña empresa y de la economía social, solidaria y sostenible mediante una banca de fomento efectiva, la faciitación de acceso a mercados y la transferencia tecnológica y de buenas prácticas en las economías locales.
El acceso universal y gratuito a salas cunas, a una educación preescolar y escolar no segmentada, con escuelas públicas ampliamente fortalecidas y valoradas como fuente primordial de la integración social y la igualación inicial de oportunidades, universidades más reguladas y 100% gratuitas al menos cuando son estatales, junto a un sistema subsidiado de formación continua a lo largo de la vida en las empresas y territorios.
La provisión de una seguridad social que garantice una cobertura universal de pensiones básicas no muy distantes del salario mínimo y pensiones contributivas de reparto financiadas con el 10% de la cotización en base a derechos adquiridos por las cotizaciones a lo largo de la vida activa y un 1% destinado a la solidaridad con las mujeres, con el 4% restante agregado al Fondo de Reserva de Pensiones para sostener el cambio demográfico. Las AFP deben de una vez dejar de recibir cotizaciones obligatorias y constituirse en un sistema privado de pensiones complementarias en condiciones competitivas y voluntarias.
El fortalecimiento sustancial de la salud pública primaria, de urgencia y hospitalaria, el despliegue de especialistas en todo el territorio y el establecimiento de un Fondo Unico de Salud con la cotización del 7% que garantice un Plan de Salud Universal, junto a la fijación de precios de los medicamentos bioequivalentes y su provisión universal pública directa.
La provisión de un ingreso básico de inserción social, de creciente universalidad según aumente la productividad y disminuyan los empleos formales con la automatización creciente en perspectiva.
La desconcentración de los medios de comunicación para asegurar la diversidad y la pluralidad de las expresiones legítimas existentes en la sociedad.

Todos los componentes de este decálogo están ya en discusión en la esfera pública, de distintas maneras y con diferente profundidad y extensión. Por ello no resulta aventurado afirmar que la revuelta social puso en definitiva en cuestión la idea hayeckiana de que la sociedad no existe y que el valor principal de cada individuo es perseguir el interés propio. Y que, en el caso de los que están más abajo en la escala de la jerarquía social, su aspiración debe ser la de procurar la movilidad social individual a través de las oportunidades que ofrecerían las relaciones de mercado. Con el agregado institucional guzmaniano de no permitir en ninguna circunstancia que opere el principio de mayoría, cuyo abandono definitivo es la batalla política principal para el futuro democrático de Chile.