Que la Defensoría Penal Pública no goce de plena autonomía “podría socavar la confianza de algunos de sus clientes”. De manera clara y directa, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, alertó a Chile sobre un punto crítico del sistema de justicia penal: la falta de autonomía institucional de nuestro servicio.

Su advertencia no fue aislada. Formó parte del informe oficial que presentó a la Asamblea General de la ONU tras su visita a nuestro país. En él, no sólo valoró la calidad técnica, el compromiso profesional y la orientación inclusiva de nuestra Defensoría, sino que, además, formuló una recomendación concreta: que el Gobierno de Chile brinde autonomía institucional y financiera a la Defensoría Penal Pública, en línea con los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia.

Coincidimos plenamente con esa visión. No podemos ejercer justicia plena, si la defensa penal pública no cuenta con las condiciones institucionales para ejercer su labor con independencia, sin presiones y en igualdad de condiciones.

La autonomía que reclamamos no es un privilegio para quienes integramos la institución ni una reivindicación corporativa, es la vía institucional para garantizar el derecho ciudadano a contar con una defensa técnica que responda única y exclusivamente a sus intereses, tal como aquella que conseguiría pagando en un estudio jurídico privado.

Este principio no solo ha sido reconocido por Naciones Unidas. Recientemente, durante la reunión del Consejo Directivo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), celebrada en Montevideo, recibimos un respaldo unánime y formal de los sistemas de defensa pública de todo el continente.

En su declaración, AIDEF fue categórica: dotar de autonomía e independencia a la Defensoría Penal Pública de Chile es una condición necesaria para garantizar el acceso efectivo a la justicia, en especial para quienes enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Han pasado más de dos décadas desde el gran hito que marcó la creación de la Defensoría y este diseño, en el que la defensa pública forma parte del Gobierno, ya no da abasto frente a las exigencias del presente: cambios legislativos constantes, nuevas formas de criminalidad y un discurso público crecientemente punitivo que tensiona el ambiente político y presiona a quienes velamos por las garantías del debido proceso.

“La Defensoría Penal Pública se ha ganado un merecido prestigio internacional y nacional, por su destacada asistencia jurídica en materia penal…; la oferta especializada de la institución es encomiable, y su prestación de defensa penal gratuita a una parte importante de la población que requiere estos servicios es notable”, sin embargo, “el hecho de que no goce de plena autonomía plantea vulnerabilidades potenciales y su sistema de contratación pública la expone a fluctuaciones presupuestarias que pueden afectar su planificación a largo plazo”. Así lo ha dicho la Relatora Especial de Naciones Unidas y debemos escucharla, porque esta alerta implica una constatación clara de que, sin autonomía institucional, el derecho a defensa se ve amenazado.

Lo hemos dicho antes y lo repetimos con convicción: la autonomía de la defensa es un derecho de las personas; por ello, una Defensoría Penal Pública autónoma es garantía de un Estado de Derecho.

Por Verónica Encina Vera, Defensora Nacional de la Defensoría Penal Pública.