Columna de Francisco Martínez y Pablo González: Del bolsillo al bolsillo

En su columna “Del Estado, directo al bolsillo”, Ignacio Briones valora una interesante propuesta de política de transferencias directas del Estado al bolsillo de los ciudadanos, un subsidio decreciente con el ingreso, también conocido como Impuesto Negativo al Ingreso. Briones resalta la ventaja de promover el trabajo formalizado si se paga solo a trabajadores formales; su eficiencia, al eliminar la burocracia asociada a la administración de los distintos programas sociales; y su efectividad en reducir la desigualdad. Comenta que la desigualdad en Chile es similar a la del resto de los países de la OCDE si solo consideramos ingresos de mercado, pero las socialdemocracias reducen esa desigualdad mediante políticas redistributivas.

La propuesta se parece al Ingreso Básico Universal, alternativa muy discutida en Europa y EE.UU., con la diferencia del carácter universal que no discrimina por ingreso ni por la formalidad del trabajo. Sin embargo, en ambos casos, la política se financia por sistema tributario, con altos costos de transacción, inequidades, fallas y definiciones políticas del monto y del uso de esos recursos. Además, la propuesta incluye el problema de utilizar un solo instrumento para satisfacer tres objetivos, que no están estrictamente alineados.

Los Derechos Transables de Consumo son una mejor alternativa (Hervés-Beloso, et al., 2024). En esta política, una agencia estatal distribuye derechos de consumo en forma igualitaria a la población y en cantidad equivalente al consumo promedio por habitante. Al mismo tiempo, una ley establece que cualquier consumo requiere un pago en dinero y en derechos. Al ser los derechos igualitarios y transables a un precio definido por el mercado, se producen incentivos para que las personas de mayores ingresos compren derechos a los de ingresos menores, generando traspasos de recursos progresivos: positivos para la población con consumo inferior a la media y negativos para el resto. La intensidad de la política, medida como reducción del Gini, es regulable porque dependerá de la tasa de derechos a pagar por unidad monetaria definida por la política; por ejemplo, a una tasa unitaria se rebaja el Gini a la mitad, lo que lo situaría como uno de los más bajos del mundo. Al poner un precio a la externalidad negativa de la desigualdad, la política es eficiente y elimina la necesidad de redistribuir vía impuestos. Esto permite reducir la carga tributaria y la necesidad de una estructura progresiva, mejorando aún más la eficiencia.

La implementación de esta política requiere que el consumidor no evada el pago de los derechos, que es similar al problema de la evasión del IVA, lo que se lograría fácilmente en una economía digitalizada (sin papel moneda), con externalidades adicionales, como la reducción del crimen organizado y la informalidad.

En suma, esta política logra eficiencia y equidad, y, al aplicarse sobre los consumos en vez de sobre los ingresos, genera incentivos a la inversión y al desarrollo económico.

Por Francisco Martínez, decano, Pablo González, director CSP-Ingeniería Industrial, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile