Por Rolf Lüders, economista
Estamos a semanas de la entrega del borrador de la nueva Constitución. Por el momento, la Convención Constitucional (CC) ha acordado escasas materias económico-sociales. Sin embargo, el trabajo a nivel de las comisiones sugiere que la tendencia será entregarle al Estado la responsabilidad de producir una serie de bienes y servicios muy importantes, hoy generados o coproducidos por el sector privado. La oferta estatal, universal y de calidad, de la mayoría de los últimos -me refiero en especial a la salud, a la educación, a las pensiones, a la vivienda social, al agua y a las obras públicas- estaría garantizada constitucionalmente, como si bastara lo último para que efectivamente tal provisión se hiciera realidad.
En al menos los próximos dos años, el espacio para expandir significativamente el gasto social y realizar al mismo tiempo la inversión pública necesaria para incrementar notoriamente la oferta de bienes y servicios del Estado, será muy escaso, dado que el foco debiera estar en sanear la situación fiscal. Y la experiencia con el así llamado quinto retiro de fondos de las AFP no es más que un anticipo de lo difícil que será aplacar las demandas sociales por más gasto. Como es sabido, en esta ocasión y en definitiva, se optó una vez más por hacer frente a las demandas ciudadanas por más desembolsos en base a un proyecto -esta vez innecesariamente enmarañado y marcadamente regresivo- que se estaría financiando recurriendo a ahorros pasados acumulados, es decir, empobreciendo al país.
Suponiendo que se logre controlar la situación fiscal, lo que suceda en adelante en materia productiva y de gasto social dependerá crucialmente de las políticas públicas que se adopten y estas estarán naturalmente condicionadas por las disposiciones de la nueva Constitución. Si es que se confirma el mencionado sesgo constitucional estatizante, ¿tendrá el Estado el acceso a los recursos necesarios para financiar las cuantiosas inversiones que deberá hacer, al mismo tiempo que para pagar las indemnizaciones por las expropiaciones mandatadas y realizar los desembolsos por el significativo aumento del gasto social que se producirá?
Es imposible responder la pregunta anterior sin conocer el contenido definitivo de la proposición que haga la CC. Sin embargo, en el siglo pasado en Chile el Estado fue asumiendo -de facto y hasta 1973- responsabilidades muy similares a los que probablemente se le otorguen en la propuesta de la CC y el resultado -la crisis económica y social- todos lo conocemos. Por suerte todavía es tiempo para que la CC deje de lado el voluntarismo y -recogiendo de nuestra rica experiencia, como de aquella internacional, lo positivo y corrigiendo lo malo- aterrice las disposiciones constitucionales de modo de evitar defraudar otra vez más a la población.
