Por Teodoro Ribera, rector de la U. Autónoma de Chile y ex ministro de Relaciones Exteriores
El anuncio del Registro Civil de anular la licitación ganada por el consorcio encabezado por la firma china Aisino, para fabricar por los próximos 10 años las cédulas de identidad y los pasaportes chilenos, abrió un debate que, tarde o temprano, se deberá dar. ¿Hay áreas estratégicas propias del Estado en las que se tenga que limitar la inversión extranjera?
En las últimas décadas, la tendencia en muchos países, entre ellos Chile, ha sido disminuir o derechamente eliminar las restricciones a los flujos de capital transfronterizos, apostando a generar nuevas oportunidades económicas. Sin embargo, en paralelo han aparecido riesgos para la seguridad de las naciones que reciben los capitales.
Para reducir potenciales conflictos, internacionalmente se ha reconocido el derecho de cada país a establecer políticas que les permitan gestionar esos riesgos. La misma OCDE ha fijado recomendaciones que apuntan en la dirección de transparencia, predictibilidad, rendición de cuenta, proporcionalidad y no discriminación.
Uno de los focos ha sido crear mecanismos de monitoreo, en virtud de los cuales se han prohibido determinadas actividades de inversiones de parte, por ejemplo, de empresas estatales en sectores considerados estratégicos para la seguridad del país receptor. En paralelo, estas medidas asimismo evidenciando un margen de discrecionalidad para definir qué se entiende por “seguridad nacional” y cuándo se puede ver amenazada por una inversión.
Por ejemplo, EE.UU., Japón, Rusia, y la UE tienen protocolos de autorización, mientras que Canadá, Australia y Nueva Zelanda, entre otros, han implementado screening no solo en rubros definidos como sensibles, sino que también combinan dicho criterio con umbrales o montos de inversión, que estarían sujetos a autorización previa.
En el caso de Chile carecemos de sistemas como los mencionados. Dentro de nuestra normativa no se considera revisión alguna de las inversiones. El ingreso de capitales extranjeros es libre y basta con cumplir ciertos trámites ante el Banco Central para concretar la inversión. Solo hay restricciones en dos ámbitos: adquisición de “tierras del Estado” fronterizas -que solo está permitida a personas naturales o jurídicas chilenas- y la actividad relacionada a la exploración, explotación y beneficios de hidrocarburos.
Fortalecer la inversión es fundamental para potenciar el crecimiento económico y contribuir así a mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Por ello, una tarea urgente para el próximo gobierno será abrir una discusión a nivel nacional que permita adoptar definiciones específicas que den certezas a los inversionistas extranjeros. No contar con una política clara, no solo abre un flanco a posibles conflictos con socios comerciales relevantes, sino que contribuirá a deteriorar la imagen internacional del país que tanto ha costado construir y que ha permitido atraer -solo en el último quinquenio- un promedio anual que supera los US$ 3.000 millones.
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